Altos dirigentes sindicales —incluido el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Arturo Martínez— se reunieron con el presidente de la Corte Suprema para manifestarle su preocupación por lo que, a su juicio, serían votos habituales contra los intereses de los trabajadores por parte del ministro Patricio Valdés, de la cuarta sala del máximo tribunal. Dicha visita contó con el apoyo expreso de la ministra del Trabajo, Claudia Serrano. Toda esta situación es un tanto inusual y cabe al respecto cierta preocupación.
Desde luego, como toda sala de la Corte Suprema, también la cuarta debe estar integrada por cinco miembros —tres de los cuales, cuando menos, deben ser ministros titulares— y sus decisiones se adoptan por mayoría. Luego, un ministro no es capaz de forjar una decisión judicial por sí solo, y si lo que se insinúa o presume es que ese ministro tiene tal ascendiente sobre los demás integrantes que, en la práctica, termina fallando él, lo institucionalmente procedente sería más bien que el reproche se dirigiera contra los restantes y no contra aquél. Desde esta perspectiva, la inquietud por el referido ministro Valdés sería, en realidad, una molestia por las decisiones de la cuarta sala.
Por otra parte, al salir de esa reunión los dirigentes sindicales pusieron en tela de juicio la independencia del Poder Judicial, por tener entre sus miembros a un ex funcionario de la Sofofa (dicho ministro lo fue a fines de la década de 1970). Al respecto, resulta llamativo que eso no haya sido óbice para su reconocido desempeño por largos años como abogado integrante del Poder Judicial, habiendo conocido muchas veces de causas laborales.
Además, es extraño que se afirme esta falta de independencia en el marco de una entrevista en la que se pretendió, precisamente, hacer presentes los intereses de los trabajadores ante el presidente del máximo tribunal. Porque bien podría interpretarse que esa aspiración de tales dirigentes constituyó una afectación de esa misma independencia que dijeron defender.
Por otra parte, esta crítica se formula cuando los resultados de la nueva justicia laboral arrojan un porcentaje de más del 95 por ciento de sus fallos a favor de los trabajadores. Si a esa tasa tan obviamente anómala se agrega una objeción gremial cuando la Corte Suprema rectifica algunas de esas sentencias, parecería que ciertos sectores desean contar con un Poder Judicial que sea simplemente un trámite burocrático para satisfacer las aspiraciones de los demandantes, y no con una sede que imparte justicia igual para todas las partes.
Desde luego, como toda sala de la Corte Suprema, también la cuarta debe estar integrada por cinco miembros —tres de los cuales, cuando menos, deben ser ministros titulares— y sus decisiones se adoptan por mayoría. Luego, un ministro no es capaz de forjar una decisión judicial por sí solo, y si lo que se insinúa o presume es que ese ministro tiene tal ascendiente sobre los demás integrantes que, en la práctica, termina fallando él, lo institucionalmente procedente sería más bien que el reproche se dirigiera contra los restantes y no contra aquél. Desde esta perspectiva, la inquietud por el referido ministro Valdés sería, en realidad, una molestia por las decisiones de la cuarta sala.
Por otra parte, al salir de esa reunión los dirigentes sindicales pusieron en tela de juicio la independencia del Poder Judicial, por tener entre sus miembros a un ex funcionario de la Sofofa (dicho ministro lo fue a fines de la década de 1970). Al respecto, resulta llamativo que eso no haya sido óbice para su reconocido desempeño por largos años como abogado integrante del Poder Judicial, habiendo conocido muchas veces de causas laborales.
Además, es extraño que se afirme esta falta de independencia en el marco de una entrevista en la que se pretendió, precisamente, hacer presentes los intereses de los trabajadores ante el presidente del máximo tribunal. Porque bien podría interpretarse que esa aspiración de tales dirigentes constituyó una afectación de esa misma independencia que dijeron defender.
Por otra parte, esta crítica se formula cuando los resultados de la nueva justicia laboral arrojan un porcentaje de más del 95 por ciento de sus fallos a favor de los trabajadores. Si a esa tasa tan obviamente anómala se agrega una objeción gremial cuando la Corte Suprema rectifica algunas de esas sentencias, parecería que ciertos sectores desean contar con un Poder Judicial que sea simplemente un trámite burocrático para satisfacer las aspiraciones de los demandantes, y no con una sede que imparte justicia igual para todas las partes.