El accidente de la Mina San Jose deja varias lecciones. El problema es que su lectura no es tan obvia. De hecho, lo más fácil es creer que se trata de un caso aislado y grave de accidente del trabajo.
Un caso donde todo se confabulo para la desgracia: confluyeron al mismo tiempo y en el mismo lugar la mala suerte y un mal empleador.
Pero eso es muy obvio y podría terminar engañándonos. No se trata con mucho de un caso aislado y de hecho refuerza la impresión bastante extendida de que en Chile ni la legislación laboral ni los órganos de fiscalización dan la talla para cumplir con crear ambientes seguros e higiénicos de trabajo.
Este caso, en rigor, exhibe de golpe un asunto mucho más profundo sobre el modo en que hemos decidido que se entiendan nuestros trabajadores y empleadores. Refleja con letras grandes y con total crudeza el agotamiento de un modelo de relaciones laborales que diseñado a fines de los setenta, no ha soportado el paso del tiempo y lo que es peor, la llegada de nuevas y complejas realidades productivas.
Nuestro modelo de relaciones laborales -que tengo la impresión ha comenzado a vivir su ocaso con el accidente de San Jose- se caracteriza por confiar que el Estado y sus órganos de fiscalización harán cumplir las normas que otorgan derechos a los trabajadores. Pero también, por una atávica desconfianza en los propios trabajadores y su capacidad para autotutelar sus derechos mediante la acción colectiva, la organización sindical y la huelga.
Ambos son malas ideas. La confianza en la capacidad de fiscalización laboral estatal -visto los hechos- ya no resiste análisis. Sus multas son bajas, su aplicación es esporádica, y según se ha sabido queda sujeta a todo tipo de presiones políticas.
Y desconfiar de los trabajadores y sus organizaciones colectivas, sólo se explica por un reflejo ideológico anclado en reglas legales redactadas en tiempo de la televisión en blanco y negro, que se ha transformado en uno de nuestros más serios lastres para un acariciado sueño: ser un país desarrollado en el mejor sentido de esa idea.
Un caso donde todo se confabulo para la desgracia: confluyeron al mismo tiempo y en el mismo lugar la mala suerte y un mal empleador.
Pero eso es muy obvio y podría terminar engañándonos. No se trata con mucho de un caso aislado y de hecho refuerza la impresión bastante extendida de que en Chile ni la legislación laboral ni los órganos de fiscalización dan la talla para cumplir con crear ambientes seguros e higiénicos de trabajo.
Este caso, en rigor, exhibe de golpe un asunto mucho más profundo sobre el modo en que hemos decidido que se entiendan nuestros trabajadores y empleadores. Refleja con letras grandes y con total crudeza el agotamiento de un modelo de relaciones laborales que diseñado a fines de los setenta, no ha soportado el paso del tiempo y lo que es peor, la llegada de nuevas y complejas realidades productivas.
Nuestro modelo de relaciones laborales -que tengo la impresión ha comenzado a vivir su ocaso con el accidente de San Jose- se caracteriza por confiar que el Estado y sus órganos de fiscalización harán cumplir las normas que otorgan derechos a los trabajadores. Pero también, por una atávica desconfianza en los propios trabajadores y su capacidad para autotutelar sus derechos mediante la acción colectiva, la organización sindical y la huelga.
Ambos son malas ideas. La confianza en la capacidad de fiscalización laboral estatal -visto los hechos- ya no resiste análisis. Sus multas son bajas, su aplicación es esporádica, y según se ha sabido queda sujeta a todo tipo de presiones políticas.
Y desconfiar de los trabajadores y sus organizaciones colectivas, sólo se explica por un reflejo ideológico anclado en reglas legales redactadas en tiempo de la televisión en blanco y negro, que se ha transformado en uno de nuestros más serios lastres para un acariciado sueño: ser un país desarrollado en el mejor sentido de esa idea.
Es que un país donde sólo el 11 por ciento de los trabajadores tiene un sindicato que lo represente y donde negocia colectivamente el 5,4 por ciento de los trabajadores -en contraste con 60 por ciento promedio en el club de la OCDE- difícilmente puede ser desarrollado. Si es que por desarrollo, por supuesto, entendemos algo más un determinado numero del PIB per capita.
Tampoco puede ser desarrollado un país que según las reglas de su modelo califica cualquier intento de los trabajadores por protegerse a si mismos como ilegal. Así, a pesar de lo absurdo que suene, si los trabajadores de la Mina San José hubieran intentado hacer ver las precarias y peligrosas condiciones en que trabajaban ejerciendo su derecho a huelga, en vez de recurrir a la ineficaz acción fiscalizadora del Estado, dicha huelga habría sido ilegal. Y si otros trabajadores de otros yacimientos mineros en igual situación de peligrosidad intentarán hacer respetar las normas sobre higiene y seguridad mediante el ejercicio del derecho de huelga, dichas huelgas serían también ilegales.
Como se ve, un escenario que bordea el sinsentido. El mismo escenario, que a todo esto, nos enrostraban elegantemente nuestros nuevos socios de la OCDE -ellos si desarrollados- cuando diagnosticaban que: "las relaciones laborales en Chile son generalmente confrontacionales y marcadas por la falta de confianza".
Y que esto, según la misma OCDE, "se debe en parte a la limitada cobertura de los sindicatos y asociaciones empresariales. Por ejemplo, sólo el 11% de la fuerza laboral está sindicalizada y se concentra en determinados sectores, en particular en la minería (donde un 42% de los empleados está sindicalizado)".
No lo dice así la OCDE -cosas de la diplomacia-, pero sus palabras tienen el inconfundible aroma del fracaso.
Tampoco puede ser desarrollado un país que según las reglas de su modelo califica cualquier intento de los trabajadores por protegerse a si mismos como ilegal. Así, a pesar de lo absurdo que suene, si los trabajadores de la Mina San José hubieran intentado hacer ver las precarias y peligrosas condiciones en que trabajaban ejerciendo su derecho a huelga, en vez de recurrir a la ineficaz acción fiscalizadora del Estado, dicha huelga habría sido ilegal. Y si otros trabajadores de otros yacimientos mineros en igual situación de peligrosidad intentarán hacer respetar las normas sobre higiene y seguridad mediante el ejercicio del derecho de huelga, dichas huelgas serían también ilegales.
Como se ve, un escenario que bordea el sinsentido. El mismo escenario, que a todo esto, nos enrostraban elegantemente nuestros nuevos socios de la OCDE -ellos si desarrollados- cuando diagnosticaban que: "las relaciones laborales en Chile son generalmente confrontacionales y marcadas por la falta de confianza".
Y que esto, según la misma OCDE, "se debe en parte a la limitada cobertura de los sindicatos y asociaciones empresariales. Por ejemplo, sólo el 11% de la fuerza laboral está sindicalizada y se concentra en determinados sectores, en particular en la minería (donde un 42% de los empleados está sindicalizado)".
No lo dice así la OCDE -cosas de la diplomacia-, pero sus palabras tienen el inconfundible aroma del fracaso.
Fracaso de un modelo de relaciones laborales que junto con las piedras que caían en la mina, se desnudada para mostrar su peor cara: ni el Estado pudo evitarlo, ni se dejaba a los trabajadores intentarlo.
José Luis, en el caso de incumplimientos graves patronales (como en la Mina San José), justificaría la legalidad de un paro de funciones(individual o colectivo) basado en la excepción de contrato incumplido, pues no me parece correcto legalmente que las únicas alternativas del trabajador sean trabajar (y demandar tutela) o autodespedirse. De hecho, por ahí ronda un fallo confirmado por la C.A. de Conce que reconoce la legitimidad de una huelga (ilegal) hecha para exigir "demandas colctivas" (y declaró la improcedencia de los despidos por "abandono de trabajo"). Si es legítimo parar faenas exigiendo lo que no se tiene, más me parece hacerlo para mantener/recuperar aquello que se quita. Sé que es discutible, pero creo que hay buenas razones jurídicas que -hoy en día- permiten pavimentar ese camino.
ResponderEliminarJuan:
ResponderEliminarSobre este tema, agregue un nuevo post.
Hablemos de huelga y no de paro (como lo hace el preinforme de la CUT). Y no es necesario echar mano a justificaciones civiles (excepción de contrato no cumplido), basta la voluntad política del legislador laboral.
Y me gustaría ver el fallo a que te refieres.
Toda la razón: huelga, no paro. De todas formas, no visualizo impedimento en aplicar instituciones civiles funcionales a la materia, mientras el legislador se “arma de voluntad”. En breves minutos te envío el fallo. Varas está preparando un trabajo en la materia.
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