En el primer programa de gobierno de la Concertación –el de Aylwin de 1989- se leía –en su página 32- lo siguiente:
“Las relaciones laborales son parte fundamental de la democracia. En la medida que ellas sean justas y equilibradas y posibiliten la participación el sistema democrático tendrá estabilidad, será posible encontrar soluciones consensuales para un desarrollo económico social sostenido.
Actualmente la institucionalidad laboral vigente no satisface estos requisitos de justicia, equidad y participación. Dicha institucionalidad ha puesto a los trabajadores en una situación de grave desprotección. Ha impedido la constitución de un sindicalismo fuerte y representativo, así como el desarrollo de una negociación colectiva equitativa para los actores laborales. Por lo tanto, no puede esperarse de ella la legitimidad social que es necesaria para regular de manera armónica las relaciones entre trabajadores y empresarios en un futuro régimen democrático”.
Veinte años después la cuestión sigue sorprendentemente igual y en algún sentido peor: hoy en Chile –al final de los gobiernos concertacionistas- hay menos trabajadores organizados sindicalmente que al termino de la dictadura (1990: 13,4 %/ 2009: 12,5%), hay menos trabajadores con cobertura de negociación colectiva (1990: 7,6%/ 2009: 5,9%) y hay menos trabajadores ejerciendo su derecho a huelga (1990: 25.010/2009: 21.915).
Dicho en otras palabras -las propias del programa de Aylwin- nuestros trabajadores tienen menos equidad, menos justicia y menos participación hoy que hace 20 años.
Que duda cabe que –salvo periodos electorales- el modelo laboral fue el gran olvidado de los gobiernos de la Concertación. Tal como detallaremos más adelante, se trata del mismo modelo que fuera implementado por la dictadura militar en un contexto de fuertes restricciones al debate democrático –y por ende, sin participación de los trabajadores en su diseño– y que está referido a una realidad productiva y laboral que ya no existe, de 40 años atrás.
“Las relaciones laborales son parte fundamental de la democracia. En la medida que ellas sean justas y equilibradas y posibiliten la participación el sistema democrático tendrá estabilidad, será posible encontrar soluciones consensuales para un desarrollo económico social sostenido.
Actualmente la institucionalidad laboral vigente no satisface estos requisitos de justicia, equidad y participación. Dicha institucionalidad ha puesto a los trabajadores en una situación de grave desprotección. Ha impedido la constitución de un sindicalismo fuerte y representativo, así como el desarrollo de una negociación colectiva equitativa para los actores laborales. Por lo tanto, no puede esperarse de ella la legitimidad social que es necesaria para regular de manera armónica las relaciones entre trabajadores y empresarios en un futuro régimen democrático”.
Veinte años después la cuestión sigue sorprendentemente igual y en algún sentido peor: hoy en Chile –al final de los gobiernos concertacionistas- hay menos trabajadores organizados sindicalmente que al termino de la dictadura (1990: 13,4 %/ 2009: 12,5%), hay menos trabajadores con cobertura de negociación colectiva (1990: 7,6%/ 2009: 5,9%) y hay menos trabajadores ejerciendo su derecho a huelga (1990: 25.010/2009: 21.915).
Dicho en otras palabras -las propias del programa de Aylwin- nuestros trabajadores tienen menos equidad, menos justicia y menos participación hoy que hace 20 años.
Que duda cabe que –salvo periodos electorales- el modelo laboral fue el gran olvidado de los gobiernos de la Concertación. Tal como detallaremos más adelante, se trata del mismo modelo que fuera implementado por la dictadura militar en un contexto de fuertes restricciones al debate democrático –y por ende, sin participación de los trabajadores en su diseño– y que está referido a una realidad productiva y laboral que ya no existe, de 40 años atrás.
Estimado:
ResponderEliminarEn cuanto a los datos estadísticos de trabajadores sindicalizados, con cobertura de negociación colectiva y de trabajadores en huelga, pienso que para poder sacar conclusiones de ellos, hay que analizarlos teniendo a la luz otros tipo de datos.
Lo digo por lo siguiente: creo que al momento en que un trabajador se sindicaliza, participa de una negociación colectiva o de una huelga, no lo hace sólo por tener ciertos derechos fundamentales y querer ejercerlos, sino que lo hace como respuesta a una necesidad, a bajos salarios, malos tratos, etc.
Yo creo que la conclusión a que llega Ud. es la correcta, pero no lo podría asegurar. Quizás no responde a que estemos en un país con menos justica y menos equidad (si menos participación) que hace 20 años, sino que, inocentemente, creo que perfectamente podría ser por todo lo contrario, por más equidad, más justicia, lo cual reduce las necesidades de los trabajadores de hacer uso de estos derechos.
Le dejo la inquietud, y le pido por el mail el trabajo completo.
Saludos.