Se vivían los peores días de la dictadura – y se respiraba ese agobiante ambiente que bien retrataba una serie de moda en la televisión- y un pequeño grupo de elegidos hacia como si nada ocurría y se dedicaban a redactar, ni mas ni menos, que una nueva Constitución.
Ahí -mientras tomaban te con galletitas- daban rienda suelta a su ingenio: senadores designados, consejo nacional de seguridad, sistema binominal, prohibición de las doctrinas marxistas y contrarias a la familia, y un fin de inventos para alejar a las mayorías del poder y hacer de la futura democracia un lugar seguro y plácido para sus intereses.
Y vaya si lo lograron. Ortúzar, Ovalle, Romo, Diez y otros.
Todos hombres de bien –y de derecha- hicieron el encargo que se les hizo con encomiable puntillosidad.
Son nuestros padres fundadores, aunque Chile, se sabe, es un país de huachos.
Y en materia de huelga no tenían dudas: debía prohibirse. Era expresión de la lucha de clases, decía sin sonrojarse Sergio Diez. “Es contraria al estado natural”, fueron sus palabras textuales. A ello se sumaban, en coro, el resto de sus amigos.
De ahí que sea perfectamente entendible porque nuestra elite hará hoy, como ayer, de la huelga un delito. La huelga suele cuestionar el orden, y el orden suele expresar el equilibrio de los ganadores.Y entonces, se encaminaban a hacer algo único en el mundo occidental después de la Segunda Guerra: prohibir constitucionalmente la huelga. Hasta que apareció la fría racionalidad de Jaime Guzmán: “No podemos” dijo, con tanta convicción como frustración. Eso nos crearían problemas internacionales y está en contra –dijo textual- del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que la reconoce como derecho en su artículo 8.
Que pena, me imagino que dijeron Ortúzar y sus amigos, mascando la frustración. Pero al menos lograron algo: prohibirla para los funcionarios públicos.
Ahora, esa hostilidad a la huelga, desde luego, no la inventó Guzmán y sus amigos. Nada de eso. Viene desde muy antiguo, y se recoge en lo mejor de nuestras tradiciones autoritarias, haciendo parte del corazón de buena parte de nuestra elite.
Es una larga tradición de represión y criminalización de la huelga como forma de manifestación del disenso y la protesta social, que tuvo su más brutal e inaugural expresión en la matanza de Santa Maria de Iquique. Al Presidente Montt y su esbirro ocasional –el general Silva Renard- no les tembló la mano dura.
Es obvio que ya no estamos para la represión criminal de principios de siglo. Pero nuestros hombres de gobierno – al estilo Mañalich o Hinzpeter- siguen pensando igual: la huelga es una alteración al orden público y por tanto, tenemos las mejores razones para reprimirla. Con palos y aviones Hércules –como la de Collahuasi – o con las represalias legales que corresponda –como la de los funcionarios públicos y sus descuentos-.
Todo parece tan claro y bien argumentado.
Pero el problema es que las cosas pueden –y de hecho tienen- una lectura completamente distinta:
La huelga no es una alteración ilegitima al orden social ni nada parecido. Es un derecho fundamental de todos las personas –sean funcionarios públicos o privados-, reconocido ampliamente en los tratados internacionales –esos que a Guzmán le dio miedo infringir- tales como el Convenio 87 de la OIT o el Pacto de Derechos Económicos y Sociales.
Por ello, esos mismos chilenos que están dispuestos a sacrificarla sin miramientos, deben quedar sorprendidos como en el mundo desarrollado se ejercen estos derechos por los amplios sectores de la sociedad, incluido los funcionarios públicos, e, incluso, hasta la policía.
Un dato interesante en este punto es que se trata de un derecho reconocido ampliamente en los países de la OCDE, dentro de los cuales Chile es, por lejos, el que tiene una regulación más agresiva contra la huelga. Prácticamente casi ninguno acepta, por ejemplo, el reemplazo de trabajadores en huelga, ampliamente previsto por la ley chilena. Y buena parte de ellos permite la huelga de los funcionarios públicos como Francia, Suecia o España. En Alemania, el Tribunal Federal decía ya en 1980 que “la negociación sin derecho a huelga, no era sino mendicidad colectiva”.
Es un derecho, además, especialmente valioso para los sectores más débiles de la sociedad, como son los trabajadores asalariados –públicos y privados-. Ellos, necesitan de la huelga como un vehículo de expresión clave, en algunos casos único.
De ahí que sea perfectamente entendible porque nuestra elite hará hoy, como ayer, de la huelga un delito. La huelga suele cuestionar el orden, y el orden suele expresar el equilibrio de los ganadores.
El pequeño detalle es que el orden puede soportar -sin problemas- lo más escandalosos niveles de desigualdad y de exclusión.
Ahí -mientras tomaban te con galletitas- daban rienda suelta a su ingenio: senadores designados, consejo nacional de seguridad, sistema binominal, prohibición de las doctrinas marxistas y contrarias a la familia, y un fin de inventos para alejar a las mayorías del poder y hacer de la futura democracia un lugar seguro y plácido para sus intereses.
Y vaya si lo lograron. Ortúzar, Ovalle, Romo, Diez y otros.
Todos hombres de bien –y de derecha- hicieron el encargo que se les hizo con encomiable puntillosidad.
Son nuestros padres fundadores, aunque Chile, se sabe, es un país de huachos.
Y en materia de huelga no tenían dudas: debía prohibirse. Era expresión de la lucha de clases, decía sin sonrojarse Sergio Diez. “Es contraria al estado natural”, fueron sus palabras textuales. A ello se sumaban, en coro, el resto de sus amigos.
De ahí que sea perfectamente entendible porque nuestra elite hará hoy, como ayer, de la huelga un delito. La huelga suele cuestionar el orden, y el orden suele expresar el equilibrio de los ganadores.Y entonces, se encaminaban a hacer algo único en el mundo occidental después de la Segunda Guerra: prohibir constitucionalmente la huelga. Hasta que apareció la fría racionalidad de Jaime Guzmán: “No podemos” dijo, con tanta convicción como frustración. Eso nos crearían problemas internacionales y está en contra –dijo textual- del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que la reconoce como derecho en su artículo 8.
Que pena, me imagino que dijeron Ortúzar y sus amigos, mascando la frustración. Pero al menos lograron algo: prohibirla para los funcionarios públicos.
Ahora, esa hostilidad a la huelga, desde luego, no la inventó Guzmán y sus amigos. Nada de eso. Viene desde muy antiguo, y se recoge en lo mejor de nuestras tradiciones autoritarias, haciendo parte del corazón de buena parte de nuestra elite.
Es una larga tradición de represión y criminalización de la huelga como forma de manifestación del disenso y la protesta social, que tuvo su más brutal e inaugural expresión en la matanza de Santa Maria de Iquique. Al Presidente Montt y su esbirro ocasional –el general Silva Renard- no les tembló la mano dura.
Es obvio que ya no estamos para la represión criminal de principios de siglo. Pero nuestros hombres de gobierno – al estilo Mañalich o Hinzpeter- siguen pensando igual: la huelga es una alteración al orden público y por tanto, tenemos las mejores razones para reprimirla. Con palos y aviones Hércules –como la de Collahuasi – o con las represalias legales que corresponda –como la de los funcionarios públicos y sus descuentos-.
Todo parece tan claro y bien argumentado.
Pero el problema es que las cosas pueden –y de hecho tienen- una lectura completamente distinta:
La huelga no es una alteración ilegitima al orden social ni nada parecido. Es un derecho fundamental de todos las personas –sean funcionarios públicos o privados-, reconocido ampliamente en los tratados internacionales –esos que a Guzmán le dio miedo infringir- tales como el Convenio 87 de la OIT o el Pacto de Derechos Económicos y Sociales.
Por ello, esos mismos chilenos que están dispuestos a sacrificarla sin miramientos, deben quedar sorprendidos como en el mundo desarrollado se ejercen estos derechos por los amplios sectores de la sociedad, incluido los funcionarios públicos, e, incluso, hasta la policía.
Un dato interesante en este punto es que se trata de un derecho reconocido ampliamente en los países de la OCDE, dentro de los cuales Chile es, por lejos, el que tiene una regulación más agresiva contra la huelga. Prácticamente casi ninguno acepta, por ejemplo, el reemplazo de trabajadores en huelga, ampliamente previsto por la ley chilena. Y buena parte de ellos permite la huelga de los funcionarios públicos como Francia, Suecia o España. En Alemania, el Tribunal Federal decía ya en 1980 que “la negociación sin derecho a huelga, no era sino mendicidad colectiva”.
Es un derecho, además, especialmente valioso para los sectores más débiles de la sociedad, como son los trabajadores asalariados –públicos y privados-. Ellos, necesitan de la huelga como un vehículo de expresión clave, en algunos casos único.
De ahí que sea perfectamente entendible porque nuestra elite hará hoy, como ayer, de la huelga un delito. La huelga suele cuestionar el orden, y el orden suele expresar el equilibrio de los ganadores.
El pequeño detalle es que el orden puede soportar -sin problemas- lo más escandalosos niveles de desigualdad y de exclusión.
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