jueves, 13 de octubre de 2011

La ley maldita de Piñera- The Clinic-12.10.2001




Piñera, Hinzpeter y sus adláteres han decidido exponer a la sabiduría humana a una prueba límite. Según ellos la cosa –puesta en relato- sería del siguiente modo:

-Grupo de estudiantes: Mi estimado, hemos decido ocupar este edificio aun cuando usted no esté de acuerdo.

-Administrador: Pues bien, es una situación difícil pero conversando la gente de bien se entiende. De hecho, los estaba esperando, aunque no estoy de acuerdo con que me expulsen del edificio, les doy la bienvenida y aquí tienen las llaves de las puertas.

-Estudiantes: Le agradecemos su disposición a colaborar con la causa de terminar con el lucro, que por tanto tiempo lo ha beneficiado a Ud. Ilegítimamente. Pero vemos que es, como dice el Presidente, un chileno de “buen corazón”.

-Administrador: Pues bien, así será. Los dejo a cargo de todo, cuídense de los carabineros. En el refrigerador hay fruta.

Pues, bien en el mundo imaginario del jurista Hinzpeter este relato es un caso de toma pacífica, y por tanto, debemos estar tranquilos. Este caso no será delito en su nueva ley.
El problema no es que estas ideas sean tan ridículas –como el diálogo que acabamos de imaginar-, ni siquiera que niegan el sentido mismo de la realidad, falseándola de modo grotesco: las tomas son siempre violentas, ya sea por fuerza física o por fuerza moral, sino que, de ser delito, como lo pretende el gobierno, harán sufrir a muchas personas por la desviada imaginación de estos personajes.
No es difícil imaginar, y dada la precaria situación del Ministerio Publico que desnudó el “caso bombas”, especialmente ante gobiernos con propensión a la presión –siempre habrá un fiscal Peña de turno-, que de ser ley, este delito de “tomas violentas” dará lugar a las mas inimaginables situaciones de acusaciones ligeras, artificiales o derechamente injustas, que acrecentarán aún más los mecanismos represivos de la protesta social.
En las escuelas de derecho, incluso en las más malas, se enseñan cosas tan simples como estas: que las sanciones penales –especialmente la cárcel- es la pena más grave de las que dispone la ley para sancionar conductas consideradas disvaliosas desde el punto de vista social.
Y en esas mismas escuelas, los estudiantes aprenden, incluso los más malos, cosas como estas: que el establecimiento de delitos que pudieren afectar derechos fundamentales de las personas, deben estar especialmente justificados en razones de estricta necesidad y de proporcionalidad.
De ahí que se suele decir, que el derecho penal es el último recurso –la última ratio-.
Por ello, los delitos deben referirse a conductas muy específicas, que dejen el menor margen posible a la indeterminación y que sean consideradas especialmente negativas por amplios sectores de la sociedad.
El punto es que el anuncio del Gobierno no cumple con ninguna de estas condiciones. Se pretende sancionar conductas abiertas – romper un candado o amenazar a un portero es violencia-, y que en buena parte de los casos son expresión de una forma legítima de ejercer el derecho de protesta, recogido en nuestro sistema de derechos fundamentales.
Y por si fuera poco, no existe ningún consenso social sobre la peligrosidad social de estas tomas.
Salvo para la Cámara de Comercio –redactores de facto del proyecto y casualmente los adalides del lucro que el movimiento estudiantil repudia-, la pregunta más importante es esta:
¿Quién puede sostener que las tomas son consideradas por la sociedad ampliamente negativas cuando el movimiento estudiantil que se ha expresado, precisamente, a través de ellas cuenta con un amplísimo respaldo social?
Sin las tomas violentas que se busca criminalizar, el movimiento estudiantil que hoy atormenta a Piñera sencillamente no existiría. ¿Qué parte de estas lecciones tan básicas de derecho se habrán perdido los asesores de Piñera al redactar este proyecto estrella, que parece más salido de la gruesa pluma de Labbé que de la de un jurista de la plaza?
Existen dos posibilidades para explicar este brutal proyecto:
Primero, que el Gobierno está acorralado y en medio de la ceguera que lo ha caracterizado, ha decidido entregarse a los sectores más duros de la derecha chilena. Ha quedado en las afiladas manos de la Udi.
Y si esto es así, Dios nos pille confesados: la derecha chilena es una de las expresiones más radicales de ese movimiento político en el mundo. Para ellos, la criminalización de las tomas es una extensión natural de su pensamiento político.
Pero siempre las cosas pueden ser peores. Quizás a esta altura, la derecha dura se ha dado cuenta que, salvo una epifanía cósmica, no volverá a gobernar por mucho tiempo. Y que, tal como loPiñera, Hinzpeter y sus adláteres han decidido exponer a la sabiduría humana a una prueba límite. Según ellos la cosa –puesta en relato- sería del siguiente modo:
-Grupo de estudiantes: Mi estimado, hemos decido ocupar este edificio aun cuando usted no esté de acuerdo.
-Administrador: Pues bien, es una situación difícil pero conversando la gente de bien se entiende. De hecho, los estaba esperando, aunque no estoy de acuerdo con que me expulsen del edificio, les doy la bienvenida y aquí tienen las llaves de las puertas.
-Estudiantes: Le agradecemos su disposición a colaborar con la causa de terminar con el lucro, que por tanto tiempo lo ha beneficiado a Ud. Ilegítimamente. Pero vemos que es, como dice el Presidente, un chileno de “buen corazón”.
-Administrador: Pues bien, así será. Los dejo a cargo de todo, cuídense de los carabineros. En el refrigerador hay fruta.
Pues, bien en el mundo imaginario del jurista Hinzpeter este relato es un caso de toma pacífica, y por tanto, debemos estar tranquilos. Este caso no será delito en su nueva ley.
El problema no es que estas ideas sean tan ridículas –como el diálogo que acabamos de imaginar-, ni siquiera que niegan el sentido mismo de la realidad, falseándola de modo grotesco: las tomas son siempre violentas, ya sea por fuerza física o por fuerza moral, sino que, de ser delito, como lo pretende el gobierno, harán sufrir a muchas personas por la desviada imaginación de estos personajes.
No es difícil imaginar, y dada la precaria situación del Ministerio Publico que desnudó el “caso bombas”, especialmente ante gobiernos con propensión a la presión –siempre habrá un fiscal Peña de turno-, que de ser ley, este delito de “tomas violentas” dará lugar a las mas inimaginables situaciones de acusaciones ligeras, artificiales o derechamente injustas, que acrecentarán aún más los mecanismos represivos de la protesta social.
En las escuelas de derecho, incluso en las más malas, se enseñan cosas tan simples como estas: que las sanciones penales –especialmente la cárcel- es la pena más grave de las que dispone la ley para sancionar conductas consideradas disvaliosas desde el punto de vista social.
Y en esas mismas escuelas, los estudiantes aprenden, incluso los más malos, cosas como estas: que el establecimiento de delitos que pudieren afectar derechos fundamentales de las personas, deben estar especialmente justificados en razones de estricta necesidad y de proporcionalidad.
De ahí que se suele decir, que el derecho penal es el último recurso –la última ratio-.
Por ello, los delitos deben referirse a conductas muy específicas, que dejen el menor margen posible a la indeterminación y que sean consideradas especialmente negativas por amplios sectores de la sociedad.
El punto es que el anuncio del Gobierno no cumple con ninguna de estas condiciones. Se pretende sancionar conductas abiertas – romper un candado o amenazar a un portero es violencia-, y que en buena parte de los casos son expresión de una forma legítima de ejercer el derecho de protesta, recogido en nuestro sistema de derechos fundamentales.
Y por si fuera poco, no existe ningún consenso social sobre la peligrosidad social de estas tomas.
Salvo para la Cámara de Comercio –redactores de facto del proyecto y casualmente los adalides del lucro que el movimiento estudiantil repudia-, la pregunta más importante es esta:
¿Quién puede sostener que las tomas son consideradas por la sociedad ampliamente negativas cuando el movimiento estudiantil que se ha expresado, precisamente, a través de ellas cuenta con un amplísimo respaldo social?
Sin las tomas violentas que se busca criminalizar, el movimiento estudiantil que hoy atormenta a Piñera sencillamente no existiría. ¿Qué parte de estas lecciones tan básicas de derecho se habrán perdido los asesores de Piñera al redactar este proyecto estrella, que parece más salido de la gruesa pluma de Labbé que de la de un jurista de la plaza?
Existen dos posibilidades para explicar este brutal proyecto:
Primero, que el Gobierno está acorralado y en medio de la ceguera que lo ha caracterizado, ha decidido entregarse a los sectores más duros de la derecha chilena. Ha quedado en las afiladas manos de la Udi.
Y si esto es así, Dios nos pille confesados: la derecha chilena es una de las expresiones más radicales de ese movimiento político en el mundo. Para ellos, la criminalización de las tomas es una extensión natural de su pensamiento político.
Pero siempre las cosas pueden ser peores. Quizás a esta altura, la derecha dura se ha dado cuenta que, salvo una epifanía cósmica, no volverá a gobernar por mucho tiempo. Y que, tal como lo hizo Pinochet en el último día de dictadura, debe dejar la mayor cantidad de normas de amarre que le hagan difícil a los chilenos intentar cambiar a futuro – a fuerza de tomas precisamente- su modelo.
En cualquier caso, la situación es igualmente compleja: se ha decidido utilizar al derecho y en su versión más radical –la cárcel- con fines puramente políticos de tutela de los intereses de una minoría, transformando de paso a los disidentes –como los estudiantes en protesta- en potenciales delincuentes.
En este sentido, este proyecto de ley, como se ha recordado en estos días, se emparenta en el alma con la versión más autoritaria de la sociedad chilena, la que ha tenido expresiones sublimes en nuestra historia. Como la ley maldita – con la que Gonzalez Videla eliminó a casi el 25 por ciento del padrón electoral y se cargó de paso a sus enemigos los comunistas-.
Ahora, algo de esa alma revive con esta nueva ley –o proyecto de ley-, con la que el Gobierno busca terminar con su peor enemigo: los jóvenes que no aceptan el milagro chileno.
Es la nueva ley maldita, la de Piñera. hizo Pinochet en el último día de dictadura, debe dejar la mayor cantidad de normas de amarre que le hagan difícil a los chilenos intentar cambiar a futuro – a fuerza de tomas precisamente- su modelo.
En cualquier caso, la situación es igualmente compleja: se ha decidido utilizar al derecho y en su versión más radical –la cárcel- con fines puramente políticos de tutela de los intereses de una minoría, transformando de paso a los disidentes –como los estudiantes en protesta- en potenciales delincuentes.
En este sentido, este proyecto de ley, como se ha recordado en estos días, se emparenta en el alma con la versión más autoritaria de la sociedad chilena, la que ha tenido expresiones sublimes en nuestra historia. Como la ley maldita – con la que Gonzalez Videla eliminó a casi el 25 por ciento del padrón electoral y se cargó de paso a sus enemigos los comunistas-.
Ahora, algo de esa alma revive con esta nueva ley –o proyecto de ley-, con la que el Gobierno busca terminar con su peor enemigo: los jóvenes que no aceptan el milagro chileno.
Es la nueva ley maldita, la de Piñera.

lunes, 10 de octubre de 2011

XX Congreso Mundial de Derecho del Trabajo- Chile 2012



http://www.congresomundialtrabajo2012.cl/

Infome DDHH-UDP 2001: Acoso moral en el trabajo

http://www.derechoshumanos.udp.cl/informe-anual-sobre-derechos-humanos-en-chile-2011/

sábado, 1 de octubre de 2011

Trabajando con el enemigo: acoso laboral en Chile- El Mostrador 30.09.11

La llegada de nuevos jefes no habría sido una buena noticia para Galia Díaz, funcionaria del Consejo de la Cultura. Desde el cambio de gobierno, según relató su padre, había sido objeto de un acoso en su trabajo, especialmente con la persecución de sus jefes, lo que habría gatillado su traslado a Valparaíso.

Gala Díaz era una de las funcionarias que fallecería en el accidente de la Isla Juan Fernández.

Tiempo antes, otra trabajadora vivía una situación peor. Nora Melo decidió adoptar la religión musulmana, y de ahí en adelante comenzó a ser tratada por sus jefes como la “perra musulmana”; así comenzó una serie de hostigamientos que se intensificaron con el tiempo: le otorgaban sus descansos en un horario distinto del resto de sus compañeros, era aislada en un puesto de trabajo alejado de los demás, se le prohibía hablar árabe y se le conminaba frente a todos a irse a los países de su religión.

En ese caso, el Primer Juzgado del Trabajo de Santiago razonó del siguiente modo: “la trabajadora Nora Melo Iribarren se vio afectada por los insultos y discriminación ejercida en su contra, traduciéndose aquello en un padecimiento que alteró su salud psíquica y le produjo sufrimiento, aflicción e impotencia de verse expuesta a tales acciones” y que, por tanto, corresponde el pago de una indemnización por daño moral, de cinco millones de pesos, y el cese inmediato del hostigamiento en su contra.

¿Que tendrían en común estas tristes historias?

Reflejan una realidad hasta ahora prácticamente ignorada en el debate público chileno: el acoso laboral – conocido como mobbing-. Esto es, el trato vejatorio y humillante del que es objeto persistentemente un trabajador, con el resultado de afectar significativamente su integridad física y síquica.

Y algo más. Estos casos son expresión simbólica –como puntas de un iceberg- de una realidad que estaría, como suele ocurrir en estos casos, mucho más extendida de lo que parece:

Según cifras de la Dirección del Trabajo, en 2007 se presentaron 5.727 denuncias por acoso laboral en ese órgano de fiscalización y en 2008 fueron 7.203. De ahí en adelante, para adecuarse a la nueva justicia laboral, ese organismo implementó un sistema general de denuncias de violaciones a derechos fundamentales de los trabajadores y no especialmente de acoso moral, como hasta esa fecha. Por ello, ahora dichas denuncias quedan incorporadas como casos de vulneración al derecho a la integridad física o síquica y/o el derecho a la privacidad y la honra.

Y ahí las cifras –era que no- nuevamente son altísimas. De hecho, de la lista de quince tipos de violaciones a los distintos derechos fundamentales de los trabajadores contemplada por la Dirección del Trabajo, la que incluye, entre otras, cuestiones de discriminación, prácticas antisindicales, vulneración a libertad de trabajo, la materia más denunciada y acogida en 2010 fue, con diferencia, la vulneración al derecho a la integridad física y síquica de los trabajadores, con 960 denuncias, seguida por vulneración al derecho a la vida privada y la honra, con 465 denuncias acogidas; ambas materias son las directamente afectadas por las conductas de acoso moral en el trabajo. De estas cifras da cuenta, a todo esto, el informe de derechos humanos que el Centro de Derechos Humanos de la UDP publicará la próxima semana.

Y a pesar de todo lo anterior, el acoso laboral parece no existir en Chile para los medios. Si existe, curiosamente, su descendiente en términos conceptuales –el acoso escolar-. De hecho, ya todos los medio hablan de bullying, pero prácticamente muy pocos se refieren al mobbing.

¿Es un hallazgo revelar que las cifras de acoso laboral en Chile parecen dar cuenta de un problema mayor, respecto del cual parece haber un manto de ignorancia y no poca indiferencia?

En absoluto. No es difícil reflexionar que sociedades autoritarias –como permanentemente se ha diagnosticado a la chilena- con históricos déficits en términos de tolerancia y diversidad, se reflejan en relaciones laborales fuertemente verticales, donde la línea del mando legítimo puede fácilmente superarse por la del acoso y el hostigamiento.

Las manifestaciones del mobbing son muchas e incluyen desde cuestiones tan sutiles como borrar de a poco del escenario laboral a la victima –la ley del hielo que aprendemos desde niño- hasta formas más brutales como denigrarla gravemente en relación al resto –tratándola de perra o de inútil-. Pero siempre tienen algo en común: niegan al otro como un ser digno de consideración.

Hostigamiento, muchas veces silencioso, que menosprecia al otro, que lo ningunea de forma sutil pero persistente y que lo va marginando de la consideración y el respeto que los seres humanos exigimos bajo la idea de la dignidad.

Nada de esto es una exageración, ya que como apuntaba en su día, Leymann –quien revolucionaría la sicología del trabajo con sus estudios de Mobbing- “el lugar de trabajo constituye el último campo de batalla en el que una persona puede matar a otra sin ningún riesgo de llegar a ser procesada ante un tribunal”.