El asunto es relativamente sencillo. Pero no por eso menos sorprendente. En el Chile del siglo XXI, día a día, a vista y paciencia de las autoridades publicas, y de nosotros mismos –miles de clientes- se vulnera groseramente la ley laboral, y en un punto extremadamente sensible para un país que sueña con el cartel de desarrollado: el trabajo infantil. En este caso, el de empaquetadores en los grandes supermercados.
Lejos de la retórica ridículamente autocomplaciente del Gobierno –la del chilean way y ese tipo de bobadas- y de buena parte del círculo empresarial que gusta hablar de un país de clase mundial, se encuentra la cruda realidad: trabajo infantil al margen de la ley.
Se trata de menores a quienes no se les reconoce por las grandes cadenas de supermercados su calidad de trabajadores y sus más básicos derechos laborales. Pero no sólo eso, y aquí la figura raya en lo grotesco: deben pagar para trabajar.
Lejos de la retórica ridículamente autocomplaciente del Gobierno –la del chilean way y ese tipo de bobadas- y de buena parte del círculo empresarial que gusta hablar de un país de clase mundial, se encuentra la cruda realidad: trabajo infantil al margen de la ley.
Se trata de menores a quienes no se les reconoce por las grandes cadenas de supermercados su calidad de trabajadores y sus más básicos derechos laborales. Pero no sólo eso, y aquí la figura raya en lo grotesco: deben pagar para trabajar.
Tal como lo leyó. Deben pagar para que una empresa externa – emprendedores de tomo y lomo como se ve- les permita colocarse en alguna de las cajas del supermercado a recibir, no ya un sueldo –no sea ingenuo sr. lector- sino una que otra propina de los que, precisamente, no llevan velo en este entierro: los clientes del supermercado.
Negocio redondo. El emprendimiento es su estado puro. La cadena de supermercado no paga derechos laborales, porque ha huido de su responsabilidad a través de una empresa externa. Y esta, ni corta ni perezosa, no sólo no reconoce su condición de empleador, sino que le pone precio al fraude: 500 pesos diarios por trabajar.
Líder (D&S) acaba de negar enérgicamente que cobre a los empaquetadores. Obvio, si eso lo hace la empresa colocadora.
¿Y el Estado donde está?
Estudiando el asunto. Así lo han dicho. En efecto, el Ministerio del Trabajo ha ocupado un lenguaje lleno de metáforas más propias de comentarista de cine francés, que de autoridades públicas encargadas de sancionar el fraude para referirse a este asunto. Se ha hablado con un nivel de eufemismo notable: “es una situación compleja”, “delicada”, “la estamos estudiando”, etc.
Pareciera que les hubieran encargado decidir el asunto del comienzo de la vida, más que resolver si este grupo de niños tienen derecho a tener un contrato de trabajo y a derechos laborales mínimos, y peor aún, si tienen derecho a que no les cobren por trabajar.
Quizás sea necesario, entonces, auxiliar a las atribuladas autoridades para ayudarlas a terminar la tesis doctoral que parecieran estar redactando de este caso: los menores no empaquetan por el irresistible gusto de meter cosas en bolsas, ni menos porque sean emprendedores del empaquetado.
Lo hacen por recibir un pago por ello, y en un negocio que dirige y controla el Supermercado -disculpen tamañas obviedades pero en Chile, lo obvio admite, si el pez es gordo, varias interpretaciones-. Dicho de otro modo, el niño no trabaja para sí mismo, sino para otro, que lo dirige y lo manda: el punto es saber quien es ese.
Y ahí las opciones son dos: o el supermercado o la empresa externa. Y cualquiera sea la opción, hay una grosera burla a la ley laboral.
Si el empleador es el supermercado, entonces debe todos los derechos laborales que corresponde como a cualquier otro trabajador. Con un grave añadido: no se han pagado las remuneraciones desde tiempos inmemoriales.
Y si se decide que el empleador es la empresa externa –los emprendedores que cobran por dar trabajo-, entonces, el asunto es más grave aún: se trataría de una subcontratación donde ambas empresas están vulnerando la ley: la externa por no hacer los respectivos contratos de trabajo, y el supermercado por no actuar como empresa principal, ejerciendo el control sobre su empresa contratista.
Así de simple y sencillo.
Lo complejo, eso sí, no es la situación legal. Eso es lo de menos. Lo difícil es como enfrentar el poder político y económico del que durante todos estos años ha hecho gala la asociación gremial de supermercados para simplemente inhibir las más obvias de las soluciones: aplicar la ley como en cualquier otro caso.
Ahora ese poder no deja de sorprender. Ni corta ni perezosa esa asociación -que avalado este fraude laboral por décadas- se da el lujo de proponer una solución de aquellas con olor a pasado:
Expulsar por ley a estos menores de la ley laboral y su protección, dijo, sin arrugarse, su Presidenta. Buena idea, debe haber pensado, recordando al General y su eficiente colaborador José Piñera, que hicieron lo mismo con los alumnos en práctica.
Quizás deba, en todo caso, agradecerse la sinceridad: queremos trabajadores pero sin derechos.
Que se trate de menores de edad, que deban pagar por trabajar y que al mismo tiempo trabajen en una de las industrias más rentables de la vida económica nacional, son, a estas alturas, simples detalles de una paradoja.
De esas que los países tercermundistas suelen someter a sus trabajadores.
Negocio redondo. El emprendimiento es su estado puro. La cadena de supermercado no paga derechos laborales, porque ha huido de su responsabilidad a través de una empresa externa. Y esta, ni corta ni perezosa, no sólo no reconoce su condición de empleador, sino que le pone precio al fraude: 500 pesos diarios por trabajar.
Líder (D&S) acaba de negar enérgicamente que cobre a los empaquetadores. Obvio, si eso lo hace la empresa colocadora.
¿Y el Estado donde está?
Estudiando el asunto. Así lo han dicho. En efecto, el Ministerio del Trabajo ha ocupado un lenguaje lleno de metáforas más propias de comentarista de cine francés, que de autoridades públicas encargadas de sancionar el fraude para referirse a este asunto. Se ha hablado con un nivel de eufemismo notable: “es una situación compleja”, “delicada”, “la estamos estudiando”, etc.
Pareciera que les hubieran encargado decidir el asunto del comienzo de la vida, más que resolver si este grupo de niños tienen derecho a tener un contrato de trabajo y a derechos laborales mínimos, y peor aún, si tienen derecho a que no les cobren por trabajar.
Quizás sea necesario, entonces, auxiliar a las atribuladas autoridades para ayudarlas a terminar la tesis doctoral que parecieran estar redactando de este caso: los menores no empaquetan por el irresistible gusto de meter cosas en bolsas, ni menos porque sean emprendedores del empaquetado.
Lo hacen por recibir un pago por ello, y en un negocio que dirige y controla el Supermercado -disculpen tamañas obviedades pero en Chile, lo obvio admite, si el pez es gordo, varias interpretaciones-. Dicho de otro modo, el niño no trabaja para sí mismo, sino para otro, que lo dirige y lo manda: el punto es saber quien es ese.
Y ahí las opciones son dos: o el supermercado o la empresa externa. Y cualquiera sea la opción, hay una grosera burla a la ley laboral.
Si el empleador es el supermercado, entonces debe todos los derechos laborales que corresponde como a cualquier otro trabajador. Con un grave añadido: no se han pagado las remuneraciones desde tiempos inmemoriales.
Y si se decide que el empleador es la empresa externa –los emprendedores que cobran por dar trabajo-, entonces, el asunto es más grave aún: se trataría de una subcontratación donde ambas empresas están vulnerando la ley: la externa por no hacer los respectivos contratos de trabajo, y el supermercado por no actuar como empresa principal, ejerciendo el control sobre su empresa contratista.
Así de simple y sencillo.
Lo complejo, eso sí, no es la situación legal. Eso es lo de menos. Lo difícil es como enfrentar el poder político y económico del que durante todos estos años ha hecho gala la asociación gremial de supermercados para simplemente inhibir las más obvias de las soluciones: aplicar la ley como en cualquier otro caso.
Ahora ese poder no deja de sorprender. Ni corta ni perezosa esa asociación -que avalado este fraude laboral por décadas- se da el lujo de proponer una solución de aquellas con olor a pasado:
Expulsar por ley a estos menores de la ley laboral y su protección, dijo, sin arrugarse, su Presidenta. Buena idea, debe haber pensado, recordando al General y su eficiente colaborador José Piñera, que hicieron lo mismo con los alumnos en práctica.
Quizás deba, en todo caso, agradecerse la sinceridad: queremos trabajadores pero sin derechos.
Que se trate de menores de edad, que deban pagar por trabajar y que al mismo tiempo trabajen en una de las industrias más rentables de la vida económica nacional, son, a estas alturas, simples detalles de una paradoja.
De esas que los países tercermundistas suelen someter a sus trabajadores.
