miércoles, 29 de agosto de 2012
jueves, 16 de agosto de 2012
No: la dulce derrota de Pinochet- El Mostrador- 10-Agosto-2012
En otros tiempos la idea de “haber derrotado al dictador” con un lápiz despertaba satisfacción y complacencia. Un dictador sangriento y tosco –amigo de lo ajeno, además, según supimos después- se veía obligado a hacer las maletas del poder y se iba como un derrotado.
La gente bailaba en las calles y se abraza en una postal del nuevo Chile que se prometía “mas justo”, para que “ganara la gente” y otra serie de eslóganes que se le ocurría a los genios del marketing publicitario que poco a poco se tomaban la política chilena.
Hay que reconocer que ese modo de contar las cosas –el relato como gustan llamarlo- estaba bien construido y hasta emocionaba.
¿Volverían hoy veinte años después de esa derrota del dictador a bailar en las calles con entusiasmo primaveral aquellos que pensaba que la “sociedad más justa” estaba a la vuelta de la esquina?
Más justa y solidaria para ser exactos, lo copio textual del primer programa de la Concertación.
Difícil parece. En la calle ya hay ánimo de baile, sino de protesta. La alegría ha duda lugar, pocas dudas caben, a la molestia y la indignación con un Chile que se parece bastante al que el dictador derrotado diseñó: desigual y excluyente.
Todos los eslóganes de los vencedores de la época hoy provocan más rubor que orgullo.
Y es que con el tiempo caímos en cuenta que el derrotado fue Pinochet -un dictador impresentable-, no la sociedad que imaginó. Nadie duda que la matriz de esa sociedad y el modelo para gobernarla es básicamente la misma que, en su momento, el anciano dictador construyó.
¿Qué hizo que cuatros gobiernos después –y más allá de los esfuerzos de tanto concertacionista empeñado en salvar la honra- el ánimo social de exclusión e injusticia sea igual que hace 20 años atrás?
“No tuvimos cojones”, lo resumía Vidal en su estilo. No sólo la reforma tributaria -para que Chile dejara de ser uno de los países de desarrollo medio donde los más ricos pagan menos- quedó en el debe. También una nueva Constitución que dejara atrás la pluma de Jaime Guzmán –y no la reforma de maquillaje de Lagos el 2005- o la reforma laboral que derogara el hasta hoy vigente plan laboral de Pinochet. O reformas profundas al vergonzoso modelo de educación pública chileno. O al modelo de salud privado y excluyente de todos estos años, y en fin a una larguísima lista de etcéteras que no dan ni ganas de recordar.
La explicación no es difícil de ensayar. En una transición a la democracia llena de temores y espejismos, los ministros de Hacienda de la Concertación y su cerrado credo –de esas verdades reveladas- terminaron convertidos en los guardianes de la estabilidad. Estabilidad eso sí –y ahí está el pequeño detallito- entendida como la mantención a pie juntillas del modelo económico de la dictadura.
Desde ese momento, la Concertación quedó inmovilizada y entregada cual dama virginal a sus padres celadores: los Velasco, los Eyzaguirres y otros tantos, se encargaron que la jovencita no tomara malos rumbos. No fuera ser que –movida por la pasión adolescente por la justicia o la igualdad- se le ocurriera reformar la negociación colectiva, las reglas tributarias o cualquier desvarío que deformara el modelo.
El crecimiento y la estabilidad termino siendo la única medida de la “justicia de lo posible” para el Chile democrático.
El resultado es más que evidente: de la promesa de una sociedad más justa e igualitaria pasamos lenta e inexorablemente a la sociedad de los programas asistenciales y de los bonos de inverno, verano y primavera.
En uno de los países más desiguales del mundo, gotas de rocío en pleno desierto.
Hoy lo sabemos. Fue la dulce derrota de Pinochet.
domingo, 15 de julio de 2012
La CUT y sus días difíciles - El Mostrador 12.07.2012
La Concertación tiene una enorme deuda. Con Arturo
Martínez me refiero. Cuando se retire —alguna vez el sol tiene que suceder
al frío— ese conglomerado político debería hacerle un sentido homenaje, con
placa incluida.
En efecto, la Concertación sin ganas ni acuerdo para cambiar el modelo
laboral de Pinochet —más bien con flamantes defensores como Foxley, Eyzaguirre y
Velasco entre otros— necesitaba una CUT con el mismo rol que la asignaban en su
escenografía a los trabajadores y sus demandas: la de actor de reparto.
Y Martínez se aplicó como ninguno a lograrlo. En veinte años, el mismo
movimiento sindical que de la mano de Seguel y Bustos había sido un actor
central en la lucha y derrota de la dictadura, se transformó en un apacible
recuerdo, sin capacidad alguna de cuestionar el modelo y con no más
trascendencia política que la miserable negociación del salario mínimo una vez
al año.
No es difícil percatarse del negocio redondo para todos los involucrados. La
Concertación logró mancillar cualquier movimiento social que desde el mundo de
los trabajadores cuestionara la ruta elegida de la “democracia de los
acuerdos” y Martínez —a través de un transversal apoyo en los partidos
políticos— mantuvo el poder sin mayores cuestionamientos —ni siquiera al opaco
sistema electoral que ha legitimado una y otra vez sus elecciones—.
Y el resultado fue que la otrora poderosa Central Unitaria de Trabajadores
devino en insignificante. Durante veinte años, dicha organización sindical no
logró ninguna modificación relevante a las reglas laborales dejadas por la
dictadura que, como ya se ha dicho hasta la saciedad, dejaron a Chile como un
país único en el mundo occidental por la falta total de poder de los
trabajadores —con un décimo del promedio de la cobertura de la negociación
colectiva de los países de la OCDE—.
En resumen, y en pocas palabras: la irrelevancia más dramática.
Y a nadie le importaba. Parecía escrito en piedra que el modelo chileno suponía un tipo de desarrollo donde no había espacio ni para sindicatos, ni para trabajadores con poder. La idea en esos años del milagro chileno, como lo sugirió en algún momento un ex ministro de Hacienda era “cuidar la pega”. Calladitos, le faltó agregar.
Todo perfecto para Martínez. Hasta que llegó la primavera social de estos
años. Con una ciudadanía infinitamente más consciente y movilizada para obtener
las modificaciones de los pilares centrales de ese modelo, su liderazgo sindical
se transformó de irrelevante en seriamente problemático.
¿Cómo explicar que frente a una ciudadanía movilizada por diversas demandas
pendientes de un modelo económico y social agotado y excluyente, los
trabajadores y su principal organización sindical no asumieran el rol
protagónico que les corresponde?
Simplemente inaudito.
Los hechos no pueden ser más reveladores: las acciones de protesta y
movilización de Martínez no convocan prácticamente a nadie —quizás su última
marcha sea la única en que Carabineros no tuvo que artificialmente rebajar la
cifra de asistentes— y su capacidad de influencia en la movilización de los
trabajadores es prácticamente nula.
Paradójicamente la únicas muestras de convocatoria de Martínez provienen del
mundo del gran empresariado —que representado en la CPC— ha visto en su
conducción la mejor garantía de un sindicalismo débil y pusilánime. La CPC ha
fomentado una y otra vez el liderazgo de Martínez para seguir vistiendo al rey
desnudo: en Chile no hay crisis, hay dialogo social, dicen. Como el del último
acuerdo CUT-CPC, agregan.
El resultado no puede ser más trágico para los trabajadores. Martínez tiene
prácticamente secuestrada la representación política de los trabajadores, y no
tiene ninguna capacidad efectiva de generar ni él y ni sus cercanos nada
parecido a un movimiento social desde el mundo del trabajo.
Y qué decir que todo tiene un gran sabor a hortelano: ni Martínez puede
construir ese movimiento sindical potente que los tiempos reclaman, pero —y aquí
lo peor— tampoco deja que otros lo hagan.
Un callejón que no parece tener salida. Son los días difíciles de la CUT.
lunes, 21 de mayo de 2012
Detectives helados...Bolaño
Soñé con detectives helados, detectives latinoamericanos
que intentaban mantener los ojos abiertos
en medio del sueño.
Soñé con crímenes horribles
Y con tipos cuidadosos
que procuraban no pisar los charcos de sangre
y al mismo tiempo abarcar con una sola mirada
el escenario del crimen.
Soñé con detectives perdidos
en el espejo convexo de los Arnolfini:
nuestra época, nuestras perspectivas,
nuestros modelos del Espanto.
martes, 15 de mayo de 2012
La Tijera de Cortazár- El Mostrador- 12.5.2012
Hace un tiempo atrás Canal 13 denunciaba con tono de alarma social a un vendedor de paltas que lograba un milagro con su báscula: el kilo pesaba 700 gramos. Lo mismo hacía con una larga lista de personajes: bomberos que echaban menos bencina de la comprada, técnicos que mal arreglaban refrigeradores y muchos más. Siempre gracias a las cámaras escondidas.
En esas ocasiones, ni Cortázar, ni Chadwick decían nada. Curioso por decir algo, ya que hoy de repente y sin aviso previo, se han erigido en los guardianes de la corrección televisiva.
El primero ha decidido, como en los mejores tiempos de la dictadura, que hay cosas que mejor los ciudadanos no veamos: como la discriminación de que son objeto las nanas en colegios ―católicos la mayoría― y restoranes elegantes donde las nanas, al parecer, no son bienvenidas.
El segundo, le ha puesto razones ―sin que nadie se las pidiera― a la censura de Cortázar: “Las cámaras secretas no son fair play” ha dicho con tono reflexivo.
Y ante tamaña contradicción surge la pregunta obvia: ¿por qué el silencio y respeto a la libertad de expresión cuando se trataba del vendedor de paltas, y censura y preocupación por la honra cuando se trataba de colegios católicos y empresas importantes?
No cabe duda que esta dupla de notables tendrá buenas razones.
Lo del fair play, por supuesto. No es correcto hacer caer a personas o empresas en conductas reprochables, por medios escondidos y deliberadamente engañosos.
Suena bonito, pero tan leve. Es sencillamente ridículo pretender que el discriminador ―en este caso colegios católicos y restoranes― den la cara con sus motivos reprochables.
Precisamente, porque son reprochables y lo saben perfectamente es que actúan a escondidas, en el refugio de su propiedad, en la impunidad que da saber que dominan la situación y que su discriminación a una mujer de apariencia sencilla quedará silenciada entre cuatros paredes.
Pensar que el discriminador le dirá a esa misma nana, cara a cara y frente a los reflectores de las cámaras, de que ese colegio no es para ella es sencillamente ridículo. De seguro que en esos casos harían todo lo contrario: recitarían de memoria los principios cristianos que los inspiran, la solidaridad y un largo bla blá, hasta, quizás, le ofrecerían una beca para nanas.
De ahí el valor innegable para la verdad de la cámara secreta.
También nos podrían decir que se trata de una actriz y no de una nana. Este argumento es peor que el anterior. La actriz no está jugando a un personaje de teleserie, sino que está representando un rol social que es, precisamente, el que provoca la discriminación.
Y es que utilizar una actriz y no una nana real no marca ninguna diferencia relevante: ¿acaso es menos reprochable la conducta del colegio católico que discrimina a una actriz creyendo que es nana que a una nana real?
Sencillamente ridículo.
Ahora, estamos en Chile y todos sabemos ―olemos las verdaderas razones como los colegios católicos olían que la nana no era una de ellos― que la agilidad de esta dupla de notables para tijeretear y censurar un reportaje de investigación tiene una explicación obvia.
Es que vamos a ser honestos. Los reportajes de denuncia nos gustan cuando los sujetos que vemos caer ante las cámaras son pobres, insignificantes y por supuesto, nada de influyentes.
Con sujetos a los que El Mercurio no les publica cartas, que no son ex alumnos de colegios católicos ―no aptos para nanas―, la tijera se guarda en el último de los cajones. “Es que el vendedor de paltas no es mi amigo, pues hombre”, se justificarán en silencio los dueños de nuestra televisión.
De hecho, nos dirían, es ahí cuando las cámaras secretas muestran toda su utilidad: es que cuando caen ante nuestros ojos seres anónimos, que no arrastran con ellos ni prosperidad, ni un buen nombre que cuidar, la privacidad y la honra nos importa un comino.
Sin poder, ni capital social, a nadie le preocupa que los periodistas se comporten como aves sagaces sobre sus presas. Ahí el rating y el mercado lo justifican todo.
Un poema al Chile de la desigualdad.
En todo caso, corte lo que corte la tijera, la verdad seguirá ahí inconmovible como una catedral.
En Chile, hay colegios católicos donde, de resucitar, Jesús no habría cruzado ni la puerta. Ni tampoco en restaurantes ni en muchos otros lugares que suelen ser visitados por nuestra elite mayoritariamente católica.
Y de seguro, siempre existirá un Cortázar ―los ha habido tantos en la historia― para usar su tijera: como si la verdad se pudiera recortar al antojo del de turno.
En esas ocasiones, ni Cortázar, ni Chadwick decían nada. Curioso por decir algo, ya que hoy de repente y sin aviso previo, se han erigido en los guardianes de la corrección televisiva.
El primero ha decidido, como en los mejores tiempos de la dictadura, que hay cosas que mejor los ciudadanos no veamos: como la discriminación de que son objeto las nanas en colegios ―católicos la mayoría― y restoranes elegantes donde las nanas, al parecer, no son bienvenidas.
El segundo, le ha puesto razones ―sin que nadie se las pidiera― a la censura de Cortázar: “Las cámaras secretas no son fair play” ha dicho con tono reflexivo.
Y ante tamaña contradicción surge la pregunta obvia: ¿por qué el silencio y respeto a la libertad de expresión cuando se trataba del vendedor de paltas, y censura y preocupación por la honra cuando se trataba de colegios católicos y empresas importantes?
No cabe duda que esta dupla de notables tendrá buenas razones.
Lo del fair play, por supuesto. No es correcto hacer caer a personas o empresas en conductas reprochables, por medios escondidos y deliberadamente engañosos.
Suena bonito, pero tan leve. Es sencillamente ridículo pretender que el discriminador ―en este caso colegios católicos y restoranes― den la cara con sus motivos reprochables.
Precisamente, porque son reprochables y lo saben perfectamente es que actúan a escondidas, en el refugio de su propiedad, en la impunidad que da saber que dominan la situación y que su discriminación a una mujer de apariencia sencilla quedará silenciada entre cuatros paredes.
Pensar que el discriminador le dirá a esa misma nana, cara a cara y frente a los reflectores de las cámaras, de que ese colegio no es para ella es sencillamente ridículo. De seguro que en esos casos harían todo lo contrario: recitarían de memoria los principios cristianos que los inspiran, la solidaridad y un largo bla blá, hasta, quizás, le ofrecerían una beca para nanas.
De ahí el valor innegable para la verdad de la cámara secreta.
También nos podrían decir que se trata de una actriz y no de una nana. Este argumento es peor que el anterior. La actriz no está jugando a un personaje de teleserie, sino que está representando un rol social que es, precisamente, el que provoca la discriminación.
Y es que utilizar una actriz y no una nana real no marca ninguna diferencia relevante: ¿acaso es menos reprochable la conducta del colegio católico que discrimina a una actriz creyendo que es nana que a una nana real?
Sencillamente ridículo.
Ahora, estamos en Chile y todos sabemos ―olemos las verdaderas razones como los colegios católicos olían que la nana no era una de ellos― que la agilidad de esta dupla de notables para tijeretear y censurar un reportaje de investigación tiene una explicación obvia.
Es que vamos a ser honestos. Los reportajes de denuncia nos gustan cuando los sujetos que vemos caer ante las cámaras son pobres, insignificantes y por supuesto, nada de influyentes.
Con sujetos a los que El Mercurio no les publica cartas, que no son ex alumnos de colegios católicos ―no aptos para nanas―, la tijera se guarda en el último de los cajones. “Es que el vendedor de paltas no es mi amigo, pues hombre”, se justificarán en silencio los dueños de nuestra televisión.
De hecho, nos dirían, es ahí cuando las cámaras secretas muestran toda su utilidad: es que cuando caen ante nuestros ojos seres anónimos, que no arrastran con ellos ni prosperidad, ni un buen nombre que cuidar, la privacidad y la honra nos importa un comino.
Sin poder, ni capital social, a nadie le preocupa que los periodistas se comporten como aves sagaces sobre sus presas. Ahí el rating y el mercado lo justifican todo.
Un poema al Chile de la desigualdad.
En todo caso, corte lo que corte la tijera, la verdad seguirá ahí inconmovible como una catedral.
En Chile, hay colegios católicos donde, de resucitar, Jesús no habría cruzado ni la puerta. Ni tampoco en restaurantes ni en muchos otros lugares que suelen ser visitados por nuestra elite mayoritariamente católica.
Y de seguro, siempre existirá un Cortázar ―los ha habido tantos en la historia― para usar su tijera: como si la verdad se pudiera recortar al antojo del de turno.
domingo, 29 de abril de 2012
martes, 27 de marzo de 2012
Acuerdo CUT CPC: llueven migajas- El Mostrador 24.03.2012
No es difícil imaginar, por un solo momento, que si el movimiento estudiantil hubiere estado liderado por Martínez y la CUT en vez de la CONFECH, se habría llegado rápidamente a un acuerdo con el Gobierno para perfeccionar el crédito con aval del Estado y de paso, habría dejado el lucro para otra ocasión. “Hay que ser realista” habría dicho, de seguro, con tono de político sobreviviente de mil batallas.
Es que el realismo político —los sueños arrinconados por la medida de lo posible— de quienes dirigen esa organización parece no tener límites. La CUT acaba de llegar al acuerdo más paupérrimo del que se tenga memoria conel gran empresariado, representado en la CPC, todo bajo el caricaturesco nombre de diálogo social.
Es que el realismo político —los sueños arrinconados por la medida de lo posible— de quienes dirigen esa organización parece no tener límites. La CUT acaba de llegar al acuerdo más paupérrimo del que se tenga memoria conel gran empresariado, representado en la CPC, todo bajo el caricaturesco nombre de diálogo social.
Lo acordado son cosas tan relevantes como: cursos de capacitación, campaña publicitaria sobre “seguridad en el trabajo”, minúsculos cambios al seguro de desempleo, subsidio al primer empleo, cambios formales a la negociación colectiva y un par de comisiones bipartitas para seguir
reflexionando.
Y la estrella de la noche: la tan cacareada reforma al multirut. Una reforma tan evidente —el abuso es tan grosero que hasta Matthei está de acuerdo— como menor, ya que los jueces del trabajo ya han comenzado a declarar la existencia de una sola empresa en estos casos. De hecho, basta leer el proyecto del Gobierno —que Martínez salió a defender apasionadamente— para darse cuenta que pone más trabas y requisitos para que los trabajadores logren su objetivo de
sindicalización. O sea un avance al revés.
¿Cambios a la estructura profunda de plan laboral de Pinochet en las materias que importan: negociación colectiva por sobre la empresa y reconocimiento efectivo del derecho de huelga, por ej. eliminación del remplazo de trabajadores en huelga?
Nada de nada.
Y la pregunta es evidente: ¿valía la pena llegar a una acuerdo de tan precarios e imperceptibles avances, excusado en el realismo político de la CUT, permitiendo de paso a este gobierno y al modelo económico al que sirve, vestirse de dialogante e inclusivo, escondiendo, una vez más, la basura bajo la alfombra?
En absoluto. En un país que, como lo ha certificado la propia OCDE, tiene niveles vergonzosos de sindicalización y de negociación colectiva —los más bajos de esa organización— y con trabajadores, como lo reconocen todos los actores, sin poder alguno en sus relaciones laborales, llegar a tan raquítico acuerdo daña profundamente la posibilidad de construir en el futuro un movimiento potente como, precisamente, el de los estudiantes.
Da entender que con estas reglas —las que creó el hermano de Piñera— se puede sostener el diálogo social. Y eso, como veremos, en Chile es un disparate.
Pero este grosero error –negociar migajas- no es nuevo. Corría el año 1989, la alegría ya había llegado y el Gobierno de la época anunciaba —con bombos y platillos— la política de los acuerdos entre el empresariado y la CUT.
La jugada de Cortázar, el ministro del Trabajo de la época, fue maestra. Los trabajadores rápidamente olvidaron su demanda central: la sustitución total del plan laboral de Pinochet y, además, dejaron de cuestionar el modelo económico neoliberal que hasta hoy padecemos. Los empresarios podrían dormir tranquilos.
¿Lograron algo los trabajadores del diálogo social de Cortázar?
El precio de tamaña claudicación fue modestísimo. Recibieron las que hoy, miradas hacia atrás, nadie dudaría en calificar como migajas. La más importante de todas —hoy da risa sólo pensarlo— fue una conquista de aquellas: se eliminó el libre despido y se sustituyó por la causal de necesidades de la empresa. O sea, lo mismo con otro nombre (Ley 19.010 de 1990).
Y los resultados de ese “diálogo social” fueron espectaculares: después de veinte años de democracia los trabajadores tiene hoy menos poder que cuando se fue Pinochet.
¿Se puede cometer el mismo error por varias veces, eso de tropezar con la misma piedra?
La CUT parece que cree que sí. El gran empresariado tiene en la CUT, hay que reconocerlo, a un socio ideal: débil y sin poder real de negociación, llegar a acuerdos de “migajas” es relativamente sencillo. A cambio se logra un hecho político fundamental: dar la apariencia de que con las reglas del juego vigenteses posible avanzar en eso que se llama diálogo social.
¿Existe posibilidad en Chile de un diálogo horizontal y de iguales entre los trabajadores y empresarios y sus respectivas organizaciones?
Ninguna. Salvo que se reformen radicalmente las reglas legales dejadas por Pinochet los trabajadores no tendrán poder real para negociar nada. Y ello, parece obvio, no se logrará con insignificantes acuerdo con la CPC, sino con presión sobre el sistema político, especialmente sobre aquellos sectores que suelen golpear la puerta de los trabajadores en vísperas electorales, para lograr una reforma integral al modelo de relaciones laborales.
Esa reforma que en su día —1989— la Concertación prometía en su primer programa de Gobierno a los trabajadores chilenos: “Proponemos introducir cambios profundos en la institucionalidad laboral, de modo que ésta cautele los derechos fundamentales de los trabajadores”.
Nada de eso ocurrió, y paradójicamente, en los años que siguieron esa caricatura del diálogo social fue especialmente alimentada por sectores políticos de la Concertación más preocupado de su particular visión de la estabilidad política —la pusilánime democracia de los acuerdos—, que en establecer nuevas y justas reglas para la relación entre trabajadores y empresarios.
La cruda realidad es otra: no ha habido experiencia de genuino diálogo social desde el retorno de la democracia. Y ello por una razón muy simple, los trabajadores no tienen en Chile ningún poder. Y sin poder, no hay equilibrio, y sin equilibrio, no existe negociación.
Son cosas tan simples de entender.
Nada nuevo bajo el sol, entonces. Nuevamente, como en los últimos veinte años, no llueve café nos diría Juan Luis Guerra.
Vuelven a llover migajas.
reflexionando.
Y la estrella de la noche: la tan cacareada reforma al multirut. Una reforma tan evidente —el abuso es tan grosero que hasta Matthei está de acuerdo— como menor, ya que los jueces del trabajo ya han comenzado a declarar la existencia de una sola empresa en estos casos. De hecho, basta leer el proyecto del Gobierno —que Martínez salió a defender apasionadamente— para darse cuenta que pone más trabas y requisitos para que los trabajadores logren su objetivo de
sindicalización. O sea un avance al revés.
¿Cambios a la estructura profunda de plan laboral de Pinochet en las materias que importan: negociación colectiva por sobre la empresa y reconocimiento efectivo del derecho de huelga, por ej. eliminación del remplazo de trabajadores en huelga?
Nada de nada.
Y la pregunta es evidente: ¿valía la pena llegar a una acuerdo de tan precarios e imperceptibles avances, excusado en el realismo político de la CUT, permitiendo de paso a este gobierno y al modelo económico al que sirve, vestirse de dialogante e inclusivo, escondiendo, una vez más, la basura bajo la alfombra?
En absoluto. En un país que, como lo ha certificado la propia OCDE, tiene niveles vergonzosos de sindicalización y de negociación colectiva —los más bajos de esa organización— y con trabajadores, como lo reconocen todos los actores, sin poder alguno en sus relaciones laborales, llegar a tan raquítico acuerdo daña profundamente la posibilidad de construir en el futuro un movimiento potente como, precisamente, el de los estudiantes.
Da entender que con estas reglas —las que creó el hermano de Piñera— se puede sostener el diálogo social. Y eso, como veremos, en Chile es un disparate.
Pero este grosero error –negociar migajas- no es nuevo. Corría el año 1989, la alegría ya había llegado y el Gobierno de la época anunciaba —con bombos y platillos— la política de los acuerdos entre el empresariado y la CUT.
La jugada de Cortázar, el ministro del Trabajo de la época, fue maestra. Los trabajadores rápidamente olvidaron su demanda central: la sustitución total del plan laboral de Pinochet y, además, dejaron de cuestionar el modelo económico neoliberal que hasta hoy padecemos. Los empresarios podrían dormir tranquilos.
¿Lograron algo los trabajadores del diálogo social de Cortázar?
El precio de tamaña claudicación fue modestísimo. Recibieron las que hoy, miradas hacia atrás, nadie dudaría en calificar como migajas. La más importante de todas —hoy da risa sólo pensarlo— fue una conquista de aquellas: se eliminó el libre despido y se sustituyó por la causal de necesidades de la empresa. O sea, lo mismo con otro nombre (Ley 19.010 de 1990).
Y los resultados de ese “diálogo social” fueron espectaculares: después de veinte años de democracia los trabajadores tiene hoy menos poder que cuando se fue Pinochet.
¿Se puede cometer el mismo error por varias veces, eso de tropezar con la misma piedra?
La CUT parece que cree que sí. El gran empresariado tiene en la CUT, hay que reconocerlo, a un socio ideal: débil y sin poder real de negociación, llegar a acuerdos de “migajas” es relativamente sencillo. A cambio se logra un hecho político fundamental: dar la apariencia de que con las reglas del juego vigenteses posible avanzar en eso que se llama diálogo social.
¿Existe posibilidad en Chile de un diálogo horizontal y de iguales entre los trabajadores y empresarios y sus respectivas organizaciones?
Ninguna. Salvo que se reformen radicalmente las reglas legales dejadas por Pinochet los trabajadores no tendrán poder real para negociar nada. Y ello, parece obvio, no se logrará con insignificantes acuerdo con la CPC, sino con presión sobre el sistema político, especialmente sobre aquellos sectores que suelen golpear la puerta de los trabajadores en vísperas electorales, para lograr una reforma integral al modelo de relaciones laborales.
Esa reforma que en su día —1989— la Concertación prometía en su primer programa de Gobierno a los trabajadores chilenos: “Proponemos introducir cambios profundos en la institucionalidad laboral, de modo que ésta cautele los derechos fundamentales de los trabajadores”.
Nada de eso ocurrió, y paradójicamente, en los años que siguieron esa caricatura del diálogo social fue especialmente alimentada por sectores políticos de la Concertación más preocupado de su particular visión de la estabilidad política —la pusilánime democracia de los acuerdos—, que en establecer nuevas y justas reglas para la relación entre trabajadores y empresarios.
La cruda realidad es otra: no ha habido experiencia de genuino diálogo social desde el retorno de la democracia. Y ello por una razón muy simple, los trabajadores no tienen en Chile ningún poder. Y sin poder, no hay equilibrio, y sin equilibrio, no existe negociación.
Son cosas tan simples de entender.
Nada nuevo bajo el sol, entonces. Nuevamente, como en los últimos veinte años, no llueve café nos diría Juan Luis Guerra.
Vuelven a llover migajas.
sábado, 17 de marzo de 2012
Tarde o temprano: tutela antes del contrato de trabajo
Establece el derecho a tutela judicial de la persona afectada por actos de discriminación o vulneración de su intimidad o privacidad en un proceso previo a la contratación laboral:
Ver Boletin: 8199-13
Ver Boletin: 8199-13
martes, 21 de febrero de 2012
"Su Excelencia: el no empleador" El Mostrador 13.02.2012
Dicen que ni se arrugó. El ministro Chadwick aconsejó a los trabajadores de Bahía Coique hacer la denuncia a la Inspección del Trabajo, ante el hecho de que la empresa en que prestaban servicios no respetaba los más básicos de los derechos fijados en la legislación laboral, como por ejemplo no tener con contrato a sus trabajadores o pagarles menos del mínimo.
Y dio por cerrado el asunto —y sin
sonrojarse nuevamente—. El detallito es que uno de sus dueños es Piñera.
¿Es Piñera el responsable legal de que los trabajadores de Bahía Coique no se les respeten los derechos laborales mínimos establecidos por la ley?
En ningún caso. Su Excelencia no es legalmente hablando el empleador. Y entonces ¿cierra eso el problema —como se apuró en hacerlo Chadwick— en el que parecía ser un argumento legalmente
abrumador?
En absoluto. Y es que a nadie medianamente informado se le pasa por la cabeza que este sea un problema simplemente legal acerca de a quién debe multarse por parte de la Inspección del Trabajo.
En rigor, queda pendiente lo más importante: el problema político de que el Presidente de la Republica sea dueño en parte de una empresa que no respeta en los mínimos los derechos laborales de sus trabajadores; esto es, derechos de las más débiles de la sociedad -en este caso
mucamas y cocineros—.
Creo que se llama responsabilidad política en los países donde eso existe.
En efecto, la falta de respeto de los derechos más básicos de los trabajadores no es, cuando se trata del Presidente de la Republica, un problema puramente legal. Es esencialmente de ética
pública: el estándar de la autoridad política en esta materia debe acercase al ideal. No solo deben cumplir con las leyes —cosa que la empresa de Piñera no hacía—, sino que deben llevarse a efecto las mejores prácticas posibles.
¿O es que el sencillo hecho de que Piñera sea el dueño —y no el administrador— de sus empresas lo hace irresponsable de los actos ilegales que se comentan dentro de las mismas desde el punto de vista político? ¿Y si Piñera hubiera sido propietario de la Minera San José no podríamos haber dicho nada porque era dueño, pero no administrador?
Simplemente absurdo. Alguna vez F. J. Errázuriz arguyó algo parecido cuando se le hacía ver las prácticas laborales de sus empresas.
Lamentablemente, para Piñera ser Presidente supone deberes adicionales: él y quienes administran sus empresas debe generar las mejores prácticas en cualquier ámbito de la vida social, como en este caso, el manejo de las relaciones laborales de las empresas de que es dueño.
Ni hablar de la coherencia política mínima que exige tener el cargo de Presidente. Piñera, días antes de este escándalo, decía con ese entusiasmo de feria de emprendedores que lo caracteriza que “vamos a defender los legítimos derechos de nuestros consumidores y de nuestros trabajadores, con toda la fuerza del mundo”, y agregaba, con el tono de quien viene saliendo de una misa, que “la economía social de mercado que estamos construyendo sólo tiene sentido si junto a la iniciativa empresarial, el emprendimiento, la innovación, la inversión se respetan en forma sagrada los derechos de nuestros consumidores y nuestros trabajadores, porque para nosotros esos derechos son sagrados”.
Si le creemos a Piñera y estos derechos son en su idea del mundo sagrados ¿nos debería bastar la explicación de que es dueño, pero no administrador para eximir su responsabilidad política en el
caso?
De hecho, como podrá el Estado seguir exigiendo al resto de los empleadores la responsabilidad mínima en materia laboral —los derechos sagrados de Piñera— si las empresas en que participa el
Presidente no lo hacen.
En fin, como ya es marca registrada de este gobierno, contradicción, liviandad y palabras vacías.
En todo caso, este episodio deja una constatación algo triste: los derechos de los trabajadores en Chile son prácticamente irrelevantes, y su abierta infracción —como lo hacía la sociedad de Piñera en Coique— no genera responsabilidad política alguna para nadie.
En fin, visto lo visto, no escucharemos ni una disculpa ni un lamento sincero. Ni del Presidente —el dueño— ni del Ministro de turno, ni menos de la titular de Trabajo —¿alguien ha visto a Matthei?—.
Lo único que escucharemos serán excusas formales de abogado en apuros: Su Excelencia no es el empleador.
martes, 17 de enero de 2012
Puertas adentro- El Mostrador- 29.12.2011
Un avance, no cabe duda. Que la respuesta a la desatinada medida de un club privado de exigir –sin ser siquiera su empleador- a las trabajadoras de casa particular de vestir “como tales”, esto es, como nanas, haya sido un enérgico rechazo social –incluyendo la tradicional indignación del Matthei-, es un paso adelante en la larga y tediosa tarea de terminar con la sociedad excluyente como la que, con perfección, hemos construido en tantos años.
Pero no nos engañemos. Y aunque alguna vez expresamos nuestra molestia por esto de los uniformes –“las nanas de Zapallar”- no es éste, ni con mucho, el principal problema de la discriminación de ese colectivo de trabajadoras.
En rigor, es el más vistoso pero no el más grosero.
Estas trabajadoras –un colectivo de débiles entre los débiles- plantean a la sociedad chilena un desafío de estimable intensidad.
Un desafío de inclusión social brutal y que se puede plantear en términos de pregunta: ¿cómo puede una persona ser ciudadano en el sentido más pleno de la palabra –de un ser libre y autónomo-, si la necesidad le ha impuesto la dura carga de vivir prácticamente toda su vida para servir a otro?
Me refiero, obviamente, a las trabajadoras puertas adentro. De esas que viven donde trabajan. Trabajadoras que desprovistas de la posibilidad de hacer su propia vida, deben vivir en los pequeños espacios que deja la vida de otros – en la orilla de la vida de sus patrones-. En esa vida residual, sin privacidad y sin espacios de auténtica libertad para hacer las pequeñas cosas de la vida –cosas como celebrar en el momento que quieran, como tener sexo cuando lo estimen o simplemente protestar tocando las cacerolas-, deben intentar construir algo parecido a un proyecto que para el resto de nosotros es la base de nuestra dignidad.
No se puede prohibir por ley, por cierto. Pero una sociedad decente debería preguntarse cómo hacer para garantizar que ninguno de sus miembros deba renunciar a su propia vida para poder sobrevivir.
Algo que suena, a todo esto, como una dramática paradoja: mujeres que para vivir deben renunciar a tener una vida.
La respuesta no es muy difícil de concebir y ya la conocen otras sociedades más respetuosas de sus miembros como es garantizar un mínimo social de vida decente. Eso que se llama derechos sociales.
En efecto, no hay que ser adivino para saber que si Chile garantizara educación de calidad para todos, salud gratuita, y derechos laborales efectivos, el número de trabajadoras de casa particular que debería renunciar a vivir en condiciones de autonomía y plenitud, “aceptando” vivir “puertas adentro” se reduciría dramáticamente. Con algo de suerte, el trabajo puertas adentro por necesidad se extinguiría.
Y de paso, seriamos una sociedad mucho mejor y más decente.
Lo curioso –y dramático al mismo tiempo- es que el propio legislador se ha hecho eco de esta idea de trabajadores sin vida y en una legislación que parece sacada de la pluma de un gerente de las Brisas de Chicureo, declara que las trabajadoras “cuando vivan en la casa del empleador no estarán sujetos a horario” el que quedará determinado “por la naturaleza de su labor” y que, en un dejo de humanidad que hasta el explotador que redactó estas normas tuvo que reconocer, “normalmente” tendrán un descanso de 12 horas diarias.
Dicho en palabras sencillas: trabajadores que la ley permite trabajen como jornada normal 72 horas a la semana, cuando el límite para el resto es de 45. Un récord mundial, por fin, para Chile.
Ni hablar de los múltiples casos en que el empleador –comúnmente la mujer de la casa- considerará que se está ante un caso de “anormalidad”–cumpleaños de los niños, fiestas varias, compra de un chalet en las brisas, etc.- y que, por tanto, ni siquiera deberá respetarse ese descanso.
En fin, una joya de nuestra legislación laboral actual, que quizás en cien años más, se presente como hoy recordamos las leyes de la esclavitud.
Mientras tanto, miles de mujeres deben aprender a no tener vida para tener derecho a una.
Me refiero, obviamente, a las trabajadoras puertas adentro. De esas que viven donde trabajan. Trabajadoras que desprovistas de la posibilidad de hacer su propia vida, deben vivir en los pequeños espacios que deja la vida de otros – en la orilla de la vida de sus patrones-. En esa vida residual, sin privacidad y sin espacios de auténtica libertad para hacer las pequeñas cosas de la vida –cosas como celebrar en el momento que quieran, como tener sexo cuando lo estimen o simplemente protestar tocando las cacerolas-, deben intentar construir algo parecido a un proyecto que para el resto de nosotros es la base de nuestra dignidad.
No se puede prohibir por ley, por cierto. Pero una sociedad decente debería preguntarse cómo hacer para garantizar que ninguno de sus miembros deba renunciar a su propia vida para poder sobrevivir.
Algo que suena, a todo esto, como una dramática paradoja: mujeres que para vivir deben renunciar a tener una vida.
La respuesta no es muy difícil de concebir y ya la conocen otras sociedades más respetuosas de sus miembros como es garantizar un mínimo social de vida decente. Eso que se llama derechos sociales.
En efecto, no hay que ser adivino para saber que si Chile garantizara educación de calidad para todos, salud gratuita, y derechos laborales efectivos, el número de trabajadoras de casa particular que debería renunciar a vivir en condiciones de autonomía y plenitud, “aceptando” vivir “puertas adentro” se reduciría dramáticamente. Con algo de suerte, el trabajo puertas adentro por necesidad se extinguiría.
Y de paso, seriamos una sociedad mucho mejor y más decente.
Lo curioso –y dramático al mismo tiempo- es que el propio legislador se ha hecho eco de esta idea de trabajadores sin vida y en una legislación que parece sacada de la pluma de un gerente de las Brisas de Chicureo, declara que las trabajadoras “cuando vivan en la casa del empleador no estarán sujetos a horario” el que quedará determinado “por la naturaleza de su labor” y que, en un dejo de humanidad que hasta el explotador que redactó estas normas tuvo que reconocer, “normalmente” tendrán un descanso de 12 horas diarias.
Dicho en palabras sencillas: trabajadores que la ley permite trabajen como jornada normal 72 horas a la semana, cuando el límite para el resto es de 45. Un récord mundial, por fin, para Chile.
Ni hablar de los múltiples casos en que el empleador –comúnmente la mujer de la casa- considerará que se está ante un caso de “anormalidad”–cumpleaños de los niños, fiestas varias, compra de un chalet en las brisas, etc.- y que, por tanto, ni siquiera deberá respetarse ese descanso.
En fin, una joya de nuestra legislación laboral actual, que quizás en cien años más, se presente como hoy recordamos las leyes de la esclavitud.
Mientras tanto, miles de mujeres deben aprender a no tener vida para tener derecho a una.
domingo, 25 de diciembre de 2011
No apto-The Clinic. 20-12-11
¿Qué tiene que ver la situación afectiva –el hecho de tener pareja- para evaluar la capacidad de un postulante a un trabajo?
Nada, diríamos todos. ¿Y su situación financiera? ¿Y su condición religiosa?
Nada volveremos a repetir.
Pero si todo esto no tiene nada que ver, entonces, la cuestión es obvia: porque aceptamos con naturalidad que toda entrevista de trabajo en Chile pueda entrometerse en esos y muchos otros asuntos –la situación económica, la orientación sexual, el peso, la condición social, etc-.
Y ahí está lo interesante: hay prácticas que, de tanto verlas, nos parecen simplemente correctas. Como las preguntas voyeristas e invasivas de las entrevistas y de los test pre-ocupacionales.
Hay muchas cuestiones que objetar a estas entrevistas y exámenes, pero no nos detendremos en detalles. No hablaremos del ambiente comúnmente de secretismo en que suelen desarrollarse. Ni tampoco que el postulante nunca sabe qué “perfil sicológico” busca la empresa, ni menos bajo que criterios serán evaluados su supuesta capacidad para desarrollar un cargo y que todos los resultados son completamente ocultos para el examinado.
Eso es lo de menos por ahora. Más bien, nos referiremos a la descarada intromisión en la vida privada que dichos exámenes, test y entrevistas suelen suponer, con preguntas que, sin medias tintas, buscan indagar aspectos de la vida intima de las personas.
¿En qué se vincula técnicamente la aptitud laboral con que la candidata al puesto tenga o no pololo o este pensando en casarse? ¿O para qué sirve saber si el postulante vive en tal o cual comuna de la ciudad o si vive con sus padres?
La respuesta en todos estos casos es obvia: en nada. Ninguna de esas preguntas tiene conexión lógica, ni razonable con la idoneidad o capacidad laboral del postulante.
El problema es que esas impertinentes e invasivas preguntas que poblan estos exámenes y entrevistas tiene un alto costo para la sociedad en términos de respeto de los derechos de las personas, especialmente para la privacidad de los candidatos.
¿Por qué socialmente deberíamos seguir permitiendo que test y exámenes sicológicos con dudosa –por no decir nula- capacidad predictiva sigan practicándose con un alto costo en términos de respecto de la dignidad y privacidad de nuestros trabajadores?
La supuesta utilidad –hasta ahora nunca acreditada atendido el curioso secretismo en que se mueven las consultoras que los aplican- no compensa en absoluto la afectación obvia – y muy acreditada- de la esfera privada de quienes deben soportar estos exámenes y entrevistas.
Justificar la grosera vulneración de la privacidad de los trabajadores en un eventual detección de candidatos especialmente “disfuncionales”, es demasiado pobre y exiguo como compensación para que la sociedad acepte dichas practicas pre-ocupacionales.
En rigor, todo parece indicar que en buena parte de estos casos se trata de la búsqueda bastante burda de criterios de discriminación: las preguntas sobre la relaciones de pareja (discriminación por maternidad), las de la comuna donde se vive (discriminación por condición social), las sobre las creencias de fe (discriminación por religión) y así una larga lista de huellas para poder discriminar con exactitud.
¿Sería razonable establecer una protección legal a los postulantes, prohibiendo que los exámenes y test pre-ocupacionales contemplen preguntas referidas a cuestiones relacionadas con la privacidad de los candidatos?
Por supuesto. De hecho, esto lo han entendido bien en otras sociedad, más sensibles con los derechos fundamentales de sus trabajadores. En Canada, la ley prohíbe preguntas e indagaciones en formularios de empleo o en entrevistas en contextos de solicitud de trabajo, referidas a cualquier asunto vinculado al estado civil, la raza –lo que incluye el aspecto físico-, la orientación sexual, la obesidad, la religión, la condición social –lo que incluye el lugar donde se vive- y otras circunstancias análogas ( art. 18.1 de la Carta de Derechos y Libertades de la Personas, Quebec).
A su turno, la jurisprudencia norteamericana ha sostenida en reiteradas ocasiones que los test sicológicos son ilegales en aquella parte que invadan la privacidad de los trabajadores, salvo que el empresario acredite un interés apremiante (Soroka v. Dayton Hudson, Corte de Apelaciones de California, 1991). Como es obvio, no existe tal interés en cuestiones de la sexualidad, de creencias religiosas o de situación de estado civil. Especialmente ilegales son aquellas test que encubren una evaluación medica (Karraker vs. Rent-a-center, Corte de Apelaciones del Circuito Séptimo, 2005) con preguntas que tengan por objeto determinar discapacidades fisicas o mentales.
Hasta ahora, en todo caso, nadie en Chile ha prestado atención a este problema. Como si la normalidad –todos lo hacen- ha terminado siendo la medida de su justificación –debe ser correcto-.
Mientras tanto mucho talento se debe estar perdiendo en medio de tanta discriminación antes siquiera de llegar al puesto de trabajo. Sólo por un segundo, me imagino a Nicanor Parra respondiendo una de esas entrevistas.
De seguro el examen saldría “malo”. Por raro y disfuncional.
No sería apto.
Nada, diríamos todos. ¿Y su situación financiera? ¿Y su condición religiosa?
Nada volveremos a repetir.
Pero si todo esto no tiene nada que ver, entonces, la cuestión es obvia: porque aceptamos con naturalidad que toda entrevista de trabajo en Chile pueda entrometerse en esos y muchos otros asuntos –la situación económica, la orientación sexual, el peso, la condición social, etc-.
Y ahí está lo interesante: hay prácticas que, de tanto verlas, nos parecen simplemente correctas. Como las preguntas voyeristas e invasivas de las entrevistas y de los test pre-ocupacionales.
Hay muchas cuestiones que objetar a estas entrevistas y exámenes, pero no nos detendremos en detalles. No hablaremos del ambiente comúnmente de secretismo en que suelen desarrollarse. Ni tampoco que el postulante nunca sabe qué “perfil sicológico” busca la empresa, ni menos bajo que criterios serán evaluados su supuesta capacidad para desarrollar un cargo y que todos los resultados son completamente ocultos para el examinado.
Eso es lo de menos por ahora. Más bien, nos referiremos a la descarada intromisión en la vida privada que dichos exámenes, test y entrevistas suelen suponer, con preguntas que, sin medias tintas, buscan indagar aspectos de la vida intima de las personas.
¿En qué se vincula técnicamente la aptitud laboral con que la candidata al puesto tenga o no pololo o este pensando en casarse? ¿O para qué sirve saber si el postulante vive en tal o cual comuna de la ciudad o si vive con sus padres?
La respuesta en todos estos casos es obvia: en nada. Ninguna de esas preguntas tiene conexión lógica, ni razonable con la idoneidad o capacidad laboral del postulante.
El problema es que esas impertinentes e invasivas preguntas que poblan estos exámenes y entrevistas tiene un alto costo para la sociedad en términos de respeto de los derechos de las personas, especialmente para la privacidad de los candidatos.
¿Por qué socialmente deberíamos seguir permitiendo que test y exámenes sicológicos con dudosa –por no decir nula- capacidad predictiva sigan practicándose con un alto costo en términos de respecto de la dignidad y privacidad de nuestros trabajadores?
La supuesta utilidad –hasta ahora nunca acreditada atendido el curioso secretismo en que se mueven las consultoras que los aplican- no compensa en absoluto la afectación obvia – y muy acreditada- de la esfera privada de quienes deben soportar estos exámenes y entrevistas.
Justificar la grosera vulneración de la privacidad de los trabajadores en un eventual detección de candidatos especialmente “disfuncionales”, es demasiado pobre y exiguo como compensación para que la sociedad acepte dichas practicas pre-ocupacionales.
En rigor, todo parece indicar que en buena parte de estos casos se trata de la búsqueda bastante burda de criterios de discriminación: las preguntas sobre la relaciones de pareja (discriminación por maternidad), las de la comuna donde se vive (discriminación por condición social), las sobre las creencias de fe (discriminación por religión) y así una larga lista de huellas para poder discriminar con exactitud.
¿Sería razonable establecer una protección legal a los postulantes, prohibiendo que los exámenes y test pre-ocupacionales contemplen preguntas referidas a cuestiones relacionadas con la privacidad de los candidatos?
Por supuesto. De hecho, esto lo han entendido bien en otras sociedad, más sensibles con los derechos fundamentales de sus trabajadores. En Canada, la ley prohíbe preguntas e indagaciones en formularios de empleo o en entrevistas en contextos de solicitud de trabajo, referidas a cualquier asunto vinculado al estado civil, la raza –lo que incluye el aspecto físico-, la orientación sexual, la obesidad, la religión, la condición social –lo que incluye el lugar donde se vive- y otras circunstancias análogas ( art. 18.1 de la Carta de Derechos y Libertades de la Personas, Quebec).
A su turno, la jurisprudencia norteamericana ha sostenida en reiteradas ocasiones que los test sicológicos son ilegales en aquella parte que invadan la privacidad de los trabajadores, salvo que el empresario acredite un interés apremiante (Soroka v. Dayton Hudson, Corte de Apelaciones de California, 1991). Como es obvio, no existe tal interés en cuestiones de la sexualidad, de creencias religiosas o de situación de estado civil. Especialmente ilegales son aquellas test que encubren una evaluación medica (Karraker vs. Rent-a-center, Corte de Apelaciones del Circuito Séptimo, 2005) con preguntas que tengan por objeto determinar discapacidades fisicas o mentales.
Hasta ahora, en todo caso, nadie en Chile ha prestado atención a este problema. Como si la normalidad –todos lo hacen- ha terminado siendo la medida de su justificación –debe ser correcto-.
Mientras tanto mucho talento se debe estar perdiendo en medio de tanta discriminación antes siquiera de llegar al puesto de trabajo. Sólo por un segundo, me imagino a Nicanor Parra respondiendo una de esas entrevistas.
De seguro el examen saldría “malo”. Por raro y disfuncional.
No sería apto.
La maldad que no queremos ver- El Mostrador 02.12.11
¿Qué lleva un grupo de personas –quizás buenos maridos y tierno padres- a considerar que torturar, vejar y hacer desaparecer a otros, no sólo no merece condena, sino que una celebración por ser actos de patriotismo?
Un consuelo evidente –ante tanto desprecio por la humanidad- es pensar que simplemente se trata de un grupo de fanáticos, de jubilados y pensionados de la fuerzas armadas que aprovecha su días de ocio final organizando rancios homenajes.
Malos y muy malos, pero inofensivos.
Febriles románticos de un tiempo en que su opinión algo importaba –como Márquez de la Plata- o simplemente perdedores políticos de una sociedad democrática que no tiene vuelta atrás.
La reconciliación y la construcción de una sociedad justa es una cuestión de convicción democrática. De esa que ha llevado a otros en otras sociedades, puestos en la misma posición que nuestro pinochetistas, sencillamente a pedir perdón.
Ojala las cosas fueran tan sencillas. No nos engañemos. Excluidos los malos y los jubilados que los idolatran, el gran problema drama de Chile son los herederos silenciosos del dictador. Pero no de Pinochet como figura histórica –una herencia que nadie en su sano juicio quiere cargar- sino las ideas que el dictador transitoriamente encarnó.
Esas ideas que nacieron en los mismos días que nacía nuestro país. Ideas de exclusión, intolerancia, defensa acérrima de los privilegios de clase de todo orden –tributarios, laborales, educacionales- de una minoría y un excesivo amor por el orden por sobre cualquier otra dimensión social.
Dosis de un pinochetismo silencioso que, paradójicamente, rehúye al dictador. Es el más peligroso de los pinochetismo: el que no necesita a Pinochet. Ni menos a esbirros menores como Krassnoff o el Mamo Contreras.
Y aunque nuestra pretensiosa y mediocre transición intentó esconderlos, bajo la pesada y bien intencionada excusa de la reconciliación, ahí están por todos lados: un poco de presión y aparecen como si nunca se hubieran ido.
A la más mínima alerta de peligro para el orden social que -con uñas y dientes- buscan defender aparecen con lo mejor que tienen –casi lo único-: la mano dura. Rápido exigen sanciones, aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, incluso algunos hablan de sacar a los militares a la calle y otros se inventan delitos –como el de toma- que les permitan criminalizar cualquier disidencia y protesta social.
Están en todas partes. Algunos son alcaldes -de comunas tan importantes como Providencia-, dirigentes de partidos políticos – como el Presidente de RN -, o parlamentarios –como Moreira-.
Ahora, nada de esto es una novedad. No se trata que en razón de los febriles días de protesta que vivimos, recién caemos en cuenta de nuestro pinochetistas sin Pinochet.
En rigor, siempre lo supimos. Solamente decidimos hacernos por un tiempo corto –veinte años- los distraídos.
Era la maldad que no queríamos ver.
Ahora, caída la mascará de nuestro autoengaño la duda se torna en vital: como haremos para reconciliarnos de verdad –no para la foto como en los tiempos de la Concertación- con una parte relevante de los chilenos con poder pensando, en silencio la mayor parte de las veces, que las víctimas de Krassnoff “algo hicieron” –no repartían leche en palabras de Labbé-, para merecer caer en manos de asesinos y torturadores militares.
Y lo que es peor, como hará la democracia chilena para hacer cargo del corazón del problema de cómo construir una sociedad más justa, igualitaria y reconciliada con el pinochetismo “sin Pinochet” y sus ideas dando vueltas por prácticamente todas las instituciones relevantes del poder en Chile. Ni hablar de su pesada e incontrarrestable influencia en las Fuerzas Armadas y Carabineros.
Como creo que han demostrado estos febriles meses, la construcción de una sociedad justa y reconciliada es mucho más que abrazos y fotografías de decorado, como las que alimentaron la transición a la democracia chilena durante todos estos años.
La reconciliación y la construcción de una sociedad justa es una cuestión de convicción democrática. De esa que ha llevado a otros en otras sociedades, puestos en la misma posición que nuestro pinochetistas, sencillamente a pedir perdón.
Pero ahí está lo más difícil de todo: para la “maldad que no queremos ver” la democracia y la justicia no son cuestión de convicciones. Son simplemente cuestión de estrategia para sus ideas: la defensa cerrada de una sociedad desigual hasta el ideal.
En todo caso, dejar de pensar que el pinochetismo es una cuestión de unos pocos malos radicales, como Krassnoff, es un primer paso para salir del engaño y ver la maldad que durante tanto tiempo no quisimos ver.
Un consuelo evidente –ante tanto desprecio por la humanidad- es pensar que simplemente se trata de un grupo de fanáticos, de jubilados y pensionados de la fuerzas armadas que aprovecha su días de ocio final organizando rancios homenajes.
Malos y muy malos, pero inofensivos.
Febriles románticos de un tiempo en que su opinión algo importaba –como Márquez de la Plata- o simplemente perdedores políticos de una sociedad democrática que no tiene vuelta atrás.
La reconciliación y la construcción de una sociedad justa es una cuestión de convicción democrática. De esa que ha llevado a otros en otras sociedades, puestos en la misma posición que nuestro pinochetistas, sencillamente a pedir perdón.
Ojala las cosas fueran tan sencillas. No nos engañemos. Excluidos los malos y los jubilados que los idolatran, el gran problema drama de Chile son los herederos silenciosos del dictador. Pero no de Pinochet como figura histórica –una herencia que nadie en su sano juicio quiere cargar- sino las ideas que el dictador transitoriamente encarnó.
Esas ideas que nacieron en los mismos días que nacía nuestro país. Ideas de exclusión, intolerancia, defensa acérrima de los privilegios de clase de todo orden –tributarios, laborales, educacionales- de una minoría y un excesivo amor por el orden por sobre cualquier otra dimensión social.
Dosis de un pinochetismo silencioso que, paradójicamente, rehúye al dictador. Es el más peligroso de los pinochetismo: el que no necesita a Pinochet. Ni menos a esbirros menores como Krassnoff o el Mamo Contreras.
Y aunque nuestra pretensiosa y mediocre transición intentó esconderlos, bajo la pesada y bien intencionada excusa de la reconciliación, ahí están por todos lados: un poco de presión y aparecen como si nunca se hubieran ido.
A la más mínima alerta de peligro para el orden social que -con uñas y dientes- buscan defender aparecen con lo mejor que tienen –casi lo único-: la mano dura. Rápido exigen sanciones, aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, incluso algunos hablan de sacar a los militares a la calle y otros se inventan delitos –como el de toma- que les permitan criminalizar cualquier disidencia y protesta social.
Están en todas partes. Algunos son alcaldes -de comunas tan importantes como Providencia-, dirigentes de partidos políticos – como el Presidente de RN -, o parlamentarios –como Moreira-.
Ahora, nada de esto es una novedad. No se trata que en razón de los febriles días de protesta que vivimos, recién caemos en cuenta de nuestro pinochetistas sin Pinochet.
En rigor, siempre lo supimos. Solamente decidimos hacernos por un tiempo corto –veinte años- los distraídos.
Era la maldad que no queríamos ver.
Ahora, caída la mascará de nuestro autoengaño la duda se torna en vital: como haremos para reconciliarnos de verdad –no para la foto como en los tiempos de la Concertación- con una parte relevante de los chilenos con poder pensando, en silencio la mayor parte de las veces, que las víctimas de Krassnoff “algo hicieron” –no repartían leche en palabras de Labbé-, para merecer caer en manos de asesinos y torturadores militares.
Y lo que es peor, como hará la democracia chilena para hacer cargo del corazón del problema de cómo construir una sociedad más justa, igualitaria y reconciliada con el pinochetismo “sin Pinochet” y sus ideas dando vueltas por prácticamente todas las instituciones relevantes del poder en Chile. Ni hablar de su pesada e incontrarrestable influencia en las Fuerzas Armadas y Carabineros.
Como creo que han demostrado estos febriles meses, la construcción de una sociedad justa y reconciliada es mucho más que abrazos y fotografías de decorado, como las que alimentaron la transición a la democracia chilena durante todos estos años.
La reconciliación y la construcción de una sociedad justa es una cuestión de convicción democrática. De esa que ha llevado a otros en otras sociedades, puestos en la misma posición que nuestro pinochetistas, sencillamente a pedir perdón.
Pero ahí está lo más difícil de todo: para la “maldad que no queremos ver” la democracia y la justicia no son cuestión de convicciones. Son simplemente cuestión de estrategia para sus ideas: la defensa cerrada de una sociedad desigual hasta el ideal.
En todo caso, dejar de pensar que el pinochetismo es una cuestión de unos pocos malos radicales, como Krassnoff, es un primer paso para salir del engaño y ver la maldad que durante tanto tiempo no quisimos ver.
miércoles, 9 de noviembre de 2011
Ley del baño- El Mostrador 29.10.11
Fue emocionante el momento. Hay que reconocerlo. En un reportaje sobre el abuso laboral contra los empaquetadores de supermercado, la ministra del ramo miro la cámara con decisión y señalo que este abuso se terminaría lo antes posible.
¿Cómo? Con el proyecto de ley del Gobierno que, por fin, resuelve el problema de estos jóvenes.
Buenas noticias, entonces, para esos trabajadores que pagan por trabajar.
Pero no nos apresuremos, nos recomendaría Unamuno, la vida suele ser una tragedia. Más para jóvenes trabajadores que no tiene ningún tipo de influencia política o económica.
Efectivamente el gobierno tiene un proyecto –es de un senador patrocinado por el Ejecutivo-. Y esa solución –la de Matthei- es básicamente esta (Boletin7.952):
“No dan origen a un contrato de trabajo los servicios de empaque o embalaje de los productos que un supermercado o establecimiento comercial venda directamente al público, siempre que estos servicios sean realizados por estudiantes de instituciones de educación básica, media y superior, personas con discapacidad, o personas que hayan cumplido la edad legal para jubilarse o que se encuentren pensionadas. El estipendio o propina pagada por dicho público a quienes desarrollan las actividades aquí señaladas, no constituirá remuneración ni renta para efecto legal alguno”.
¿Cómo? Con el proyecto de ley del Gobierno que, por fin, resuelve el problema de estos jóvenes.
Buenas noticias, entonces, para esos trabajadores que pagan por trabajar.
Pero no nos apresuremos, nos recomendaría Unamuno, la vida suele ser una tragedia. Más para jóvenes trabajadores que no tiene ningún tipo de influencia política o económica.
Efectivamente el gobierno tiene un proyecto –es de un senador patrocinado por el Ejecutivo-. Y esa solución –la de Matthei- es básicamente esta (Boletin7.952):
“No dan origen a un contrato de trabajo los servicios de empaque o embalaje de los productos que un supermercado o establecimiento comercial venda directamente al público, siempre que estos servicios sean realizados por estudiantes de instituciones de educación básica, media y superior, personas con discapacidad, o personas que hayan cumplido la edad legal para jubilarse o que se encuentren pensionadas. El estipendio o propina pagada por dicho público a quienes desarrollan las actividades aquí señaladas, no constituirá remuneración ni renta para efecto legal alguno”.
Como se ve, en esta solución, hay un evidente y único ganador: los dueños de los supermercados.
Los más poderosos de toda esta historia no han necesitado mover un dedo, ni menos tomarse el Congreso protestando para salirse con la suya. Ellos han logrado exactamente lo que querían: ninguno de estos jóvenes será considerado su trabajador para efectos legales. Ni siquiera responderán –los supermercados- subsidariamente como empresa principal.
Nada de nada, porque gracias a la solución del gobierno se ha venido en consolidar el fraude: estos jóvenes no tendrán contrato de trabajo, ni con el supermercado, ni con nadie.
Los dueños de los supermercados han logrado instalar, entonces, como valida una posición del mejor realismo mágico latinoamericano: ellos no tienen nada que ver con el asunto. Los empaquetadores les prestan servicios a los clientes y reciben de ellos, en forma de propina, su remuneración. Esto, a pesar de que el proyecto impúdicamente reconoce que el supermercado tiene derecho a “organizar y distribuir los horarios de prestación del servicio”.
De esto modo, se ha construido el mundo perfecto: en los derechos, el empaquetador es un extraño para el supermercado, en los deberes, es un trabajador.
Solo queda encomendarse para que este “mundo al revés” que los supermercadistas han impuesto al gobierno, al Congreso y al final de cuentas, a todos nosotros, no se extienda a otros rubros. Ya podrían copiar tan ingeniosa ocurrencia –a punto de convertirse en ley- los dueños de restoranes. Los garzones ya no serán trabajadores suyos y los servicios se los prestaran a los clientes, no al restorant, y la propina será su único sueldo.
Eso es lo que desde tiempos inmemoriales se llama en Chile cortar por lo más débil.
El proyecto del gobierno ni siquiera considera derechos laborales mínimos. En efecto, no se menciona, como en su día lo hizo una ley similar en plena dictadura militar a propósito de otro caso de “legalización” del fraude laboral -la de los alumnos en práctica- el derecho de alimentación y transporte. Al menos, el dictador tuvo la sutileza de otorgar a esos jóvenes los derechos de colación y movilización.
Pero, al parecer, los dueños de los supermercados no están para tanta fineza: los empaquetadores no tendrán derecho a nada.
¿Y el seguro de accidentes que se exigirá de ahora en adelante según el proyecto de ley del gobierno?
En rigor, ese derecho ya lo tienen. Como se trata de trabajadores propiamente tal –como ha reconocido la jurisprudencia de los Tribunales sobre el tema-, siempre debieron contar con ese tipo de seguro. Curioso presentar como un avance un derecho que ya se tiene, pero que ilegalmente no se cumple.
¿Qué queda, entonces, de la ansiada ley que vendría a solucionar el problema de los empaquetadores prometida por Matthei?
Un interesante derecho para los empaquetadores, que al final, viene a ser lo único nuevo de toda esta historia. El proyecto dice:
“Deberá permitirles el uso de las instalaciones comunes y sanitarias utilizadas por sus trabajadores y los de contratistas y subcontratistas”.
O sea, el derecho a usar el baño. Nadie puede negar que es un avance.
Propongo desde ya llamar a esta ley la ley del baño. O del W.C. según se prefiera.
Los más poderosos de toda esta historia no han necesitado mover un dedo, ni menos tomarse el Congreso protestando para salirse con la suya. Ellos han logrado exactamente lo que querían: ninguno de estos jóvenes será considerado su trabajador para efectos legales. Ni siquiera responderán –los supermercados- subsidariamente como empresa principal.
Nada de nada, porque gracias a la solución del gobierno se ha venido en consolidar el fraude: estos jóvenes no tendrán contrato de trabajo, ni con el supermercado, ni con nadie.
Los dueños de los supermercados han logrado instalar, entonces, como valida una posición del mejor realismo mágico latinoamericano: ellos no tienen nada que ver con el asunto. Los empaquetadores les prestan servicios a los clientes y reciben de ellos, en forma de propina, su remuneración. Esto, a pesar de que el proyecto impúdicamente reconoce que el supermercado tiene derecho a “organizar y distribuir los horarios de prestación del servicio”.
De esto modo, se ha construido el mundo perfecto: en los derechos, el empaquetador es un extraño para el supermercado, en los deberes, es un trabajador.
Solo queda encomendarse para que este “mundo al revés” que los supermercadistas han impuesto al gobierno, al Congreso y al final de cuentas, a todos nosotros, no se extienda a otros rubros. Ya podrían copiar tan ingeniosa ocurrencia –a punto de convertirse en ley- los dueños de restoranes. Los garzones ya no serán trabajadores suyos y los servicios se los prestaran a los clientes, no al restorant, y la propina será su único sueldo.
Eso es lo que desde tiempos inmemoriales se llama en Chile cortar por lo más débil.
El proyecto del gobierno ni siquiera considera derechos laborales mínimos. En efecto, no se menciona, como en su día lo hizo una ley similar en plena dictadura militar a propósito de otro caso de “legalización” del fraude laboral -la de los alumnos en práctica- el derecho de alimentación y transporte. Al menos, el dictador tuvo la sutileza de otorgar a esos jóvenes los derechos de colación y movilización.
Pero, al parecer, los dueños de los supermercados no están para tanta fineza: los empaquetadores no tendrán derecho a nada.
¿Y el seguro de accidentes que se exigirá de ahora en adelante según el proyecto de ley del gobierno?
En rigor, ese derecho ya lo tienen. Como se trata de trabajadores propiamente tal –como ha reconocido la jurisprudencia de los Tribunales sobre el tema-, siempre debieron contar con ese tipo de seguro. Curioso presentar como un avance un derecho que ya se tiene, pero que ilegalmente no se cumple.
¿Qué queda, entonces, de la ansiada ley que vendría a solucionar el problema de los empaquetadores prometida por Matthei?
Un interesante derecho para los empaquetadores, que al final, viene a ser lo único nuevo de toda esta historia. El proyecto dice:
“Deberá permitirles el uso de las instalaciones comunes y sanitarias utilizadas por sus trabajadores y los de contratistas y subcontratistas”.
O sea, el derecho a usar el baño. Nadie puede negar que es un avance.
Propongo desde ya llamar a esta ley la ley del baño. O del W.C. según se prefiera.
jueves, 13 de octubre de 2011
La ley maldita de Piñera- The Clinic-12.10.2001
Piñera, Hinzpeter y sus adláteres han decidido exponer a la sabiduría humana a una prueba límite. Según ellos la cosa –puesta en relato- sería del siguiente modo:
-Grupo de estudiantes: Mi estimado, hemos decido ocupar este edificio aun cuando usted no esté de acuerdo.
-Administrador: Pues bien, es una situación difícil pero conversando la gente de bien se entiende. De hecho, los estaba esperando, aunque no estoy de acuerdo con que me expulsen del edificio, les doy la bienvenida y aquí tienen las llaves de las puertas.
-Estudiantes: Le agradecemos su disposición a colaborar con la causa de terminar con el lucro, que por tanto tiempo lo ha beneficiado a Ud. Ilegítimamente. Pero vemos que es, como dice el Presidente, un chileno de “buen corazón”.
-Administrador: Pues bien, así será. Los dejo a cargo de todo, cuídense de los carabineros. En el refrigerador hay fruta.
Pues, bien en el mundo imaginario del jurista Hinzpeter este relato es un caso de toma pacífica, y por tanto, debemos estar tranquilos. Este caso no será delito en su nueva ley.
El problema no es que estas ideas sean tan ridículas –como el diálogo que acabamos de imaginar-, ni siquiera que niegan el sentido mismo de la realidad, falseándola de modo grotesco: las tomas son siempre violentas, ya sea por fuerza física o por fuerza moral, sino que, de ser delito, como lo pretende el gobierno, harán sufrir a muchas personas por la desviada imaginación de estos personajes.
No es difícil imaginar, y dada la precaria situación del Ministerio Publico que desnudó el “caso bombas”, especialmente ante gobiernos con propensión a la presión –siempre habrá un fiscal Peña de turno-, que de ser ley, este delito de “tomas violentas” dará lugar a las mas inimaginables situaciones de acusaciones ligeras, artificiales o derechamente injustas, que acrecentarán aún más los mecanismos represivos de la protesta social.
En las escuelas de derecho, incluso en las más malas, se enseñan cosas tan simples como estas: que las sanciones penales –especialmente la cárcel- es la pena más grave de las que dispone la ley para sancionar conductas consideradas disvaliosas desde el punto de vista social.
Y en esas mismas escuelas, los estudiantes aprenden, incluso los más malos, cosas como estas: que el establecimiento de delitos que pudieren afectar derechos fundamentales de las personas, deben estar especialmente justificados en razones de estricta necesidad y de proporcionalidad.
De ahí que se suele decir, que el derecho penal es el último recurso –la última ratio-.
Por ello, los delitos deben referirse a conductas muy específicas, que dejen el menor margen posible a la indeterminación y que sean consideradas especialmente negativas por amplios sectores de la sociedad.
El punto es que el anuncio del Gobierno no cumple con ninguna de estas condiciones. Se pretende sancionar conductas abiertas – romper un candado o amenazar a un portero es violencia-, y que en buena parte de los casos son expresión de una forma legítima de ejercer el derecho de protesta, recogido en nuestro sistema de derechos fundamentales.
Y por si fuera poco, no existe ningún consenso social sobre la peligrosidad social de estas tomas.
Salvo para la Cámara de Comercio –redactores de facto del proyecto y casualmente los adalides del lucro que el movimiento estudiantil repudia-, la pregunta más importante es esta:
¿Quién puede sostener que las tomas son consideradas por la sociedad ampliamente negativas cuando el movimiento estudiantil que se ha expresado, precisamente, a través de ellas cuenta con un amplísimo respaldo social?
Sin las tomas violentas que se busca criminalizar, el movimiento estudiantil que hoy atormenta a Piñera sencillamente no existiría. ¿Qué parte de estas lecciones tan básicas de derecho se habrán perdido los asesores de Piñera al redactar este proyecto estrella, que parece más salido de la gruesa pluma de Labbé que de la de un jurista de la plaza?
Existen dos posibilidades para explicar este brutal proyecto:
Primero, que el Gobierno está acorralado y en medio de la ceguera que lo ha caracterizado, ha decidido entregarse a los sectores más duros de la derecha chilena. Ha quedado en las afiladas manos de la Udi.
Y si esto es así, Dios nos pille confesados: la derecha chilena es una de las expresiones más radicales de ese movimiento político en el mundo. Para ellos, la criminalización de las tomas es una extensión natural de su pensamiento político.
Pero siempre las cosas pueden ser peores. Quizás a esta altura, la derecha dura se ha dado cuenta que, salvo una epifanía cósmica, no volverá a gobernar por mucho tiempo. Y que, tal como loPiñera, Hinzpeter y sus adláteres han decidido exponer a la sabiduría humana a una prueba límite. Según ellos la cosa –puesta en relato- sería del siguiente modo:
-Grupo de estudiantes: Mi estimado, hemos decido ocupar este edificio aun cuando usted no esté de acuerdo.
-Administrador: Pues bien, es una situación difícil pero conversando la gente de bien se entiende. De hecho, los estaba esperando, aunque no estoy de acuerdo con que me expulsen del edificio, les doy la bienvenida y aquí tienen las llaves de las puertas.
-Estudiantes: Le agradecemos su disposición a colaborar con la causa de terminar con el lucro, que por tanto tiempo lo ha beneficiado a Ud. Ilegítimamente. Pero vemos que es, como dice el Presidente, un chileno de “buen corazón”.
-Administrador: Pues bien, así será. Los dejo a cargo de todo, cuídense de los carabineros. En el refrigerador hay fruta.
Pues, bien en el mundo imaginario del jurista Hinzpeter este relato es un caso de toma pacífica, y por tanto, debemos estar tranquilos. Este caso no será delito en su nueva ley.
El problema no es que estas ideas sean tan ridículas –como el diálogo que acabamos de imaginar-, ni siquiera que niegan el sentido mismo de la realidad, falseándola de modo grotesco: las tomas son siempre violentas, ya sea por fuerza física o por fuerza moral, sino que, de ser delito, como lo pretende el gobierno, harán sufrir a muchas personas por la desviada imaginación de estos personajes.
No es difícil imaginar, y dada la precaria situación del Ministerio Publico que desnudó el “caso bombas”, especialmente ante gobiernos con propensión a la presión –siempre habrá un fiscal Peña de turno-, que de ser ley, este delito de “tomas violentas” dará lugar a las mas inimaginables situaciones de acusaciones ligeras, artificiales o derechamente injustas, que acrecentarán aún más los mecanismos represivos de la protesta social.
En las escuelas de derecho, incluso en las más malas, se enseñan cosas tan simples como estas: que las sanciones penales –especialmente la cárcel- es la pena más grave de las que dispone la ley para sancionar conductas consideradas disvaliosas desde el punto de vista social.
Y en esas mismas escuelas, los estudiantes aprenden, incluso los más malos, cosas como estas: que el establecimiento de delitos que pudieren afectar derechos fundamentales de las personas, deben estar especialmente justificados en razones de estricta necesidad y de proporcionalidad.
De ahí que se suele decir, que el derecho penal es el último recurso –la última ratio-.
Por ello, los delitos deben referirse a conductas muy específicas, que dejen el menor margen posible a la indeterminación y que sean consideradas especialmente negativas por amplios sectores de la sociedad.
El punto es que el anuncio del Gobierno no cumple con ninguna de estas condiciones. Se pretende sancionar conductas abiertas – romper un candado o amenazar a un portero es violencia-, y que en buena parte de los casos son expresión de una forma legítima de ejercer el derecho de protesta, recogido en nuestro sistema de derechos fundamentales.
Y por si fuera poco, no existe ningún consenso social sobre la peligrosidad social de estas tomas.
Salvo para la Cámara de Comercio –redactores de facto del proyecto y casualmente los adalides del lucro que el movimiento estudiantil repudia-, la pregunta más importante es esta:
¿Quién puede sostener que las tomas son consideradas por la sociedad ampliamente negativas cuando el movimiento estudiantil que se ha expresado, precisamente, a través de ellas cuenta con un amplísimo respaldo social?
Sin las tomas violentas que se busca criminalizar, el movimiento estudiantil que hoy atormenta a Piñera sencillamente no existiría. ¿Qué parte de estas lecciones tan básicas de derecho se habrán perdido los asesores de Piñera al redactar este proyecto estrella, que parece más salido de la gruesa pluma de Labbé que de la de un jurista de la plaza?
Existen dos posibilidades para explicar este brutal proyecto:
Primero, que el Gobierno está acorralado y en medio de la ceguera que lo ha caracterizado, ha decidido entregarse a los sectores más duros de la derecha chilena. Ha quedado en las afiladas manos de la Udi.
Y si esto es así, Dios nos pille confesados: la derecha chilena es una de las expresiones más radicales de ese movimiento político en el mundo. Para ellos, la criminalización de las tomas es una extensión natural de su pensamiento político.
Pero siempre las cosas pueden ser peores. Quizás a esta altura, la derecha dura se ha dado cuenta que, salvo una epifanía cósmica, no volverá a gobernar por mucho tiempo. Y que, tal como lo hizo Pinochet en el último día de dictadura, debe dejar la mayor cantidad de normas de amarre que le hagan difícil a los chilenos intentar cambiar a futuro – a fuerza de tomas precisamente- su modelo.
En cualquier caso, la situación es igualmente compleja: se ha decidido utilizar al derecho y en su versión más radical –la cárcel- con fines puramente políticos de tutela de los intereses de una minoría, transformando de paso a los disidentes –como los estudiantes en protesta- en potenciales delincuentes.
En este sentido, este proyecto de ley, como se ha recordado en estos días, se emparenta en el alma con la versión más autoritaria de la sociedad chilena, la que ha tenido expresiones sublimes en nuestra historia. Como la ley maldita – con la que Gonzalez Videla eliminó a casi el 25 por ciento del padrón electoral y se cargó de paso a sus enemigos los comunistas-.
Ahora, algo de esa alma revive con esta nueva ley –o proyecto de ley-, con la que el Gobierno busca terminar con su peor enemigo: los jóvenes que no aceptan el milagro chileno.
Es la nueva ley maldita, la de Piñera. hizo Pinochet en el último día de dictadura, debe dejar la mayor cantidad de normas de amarre que le hagan difícil a los chilenos intentar cambiar a futuro – a fuerza de tomas precisamente- su modelo.
En cualquier caso, la situación es igualmente compleja: se ha decidido utilizar al derecho y en su versión más radical –la cárcel- con fines puramente políticos de tutela de los intereses de una minoría, transformando de paso a los disidentes –como los estudiantes en protesta- en potenciales delincuentes.
En este sentido, este proyecto de ley, como se ha recordado en estos días, se emparenta en el alma con la versión más autoritaria de la sociedad chilena, la que ha tenido expresiones sublimes en nuestra historia. Como la ley maldita – con la que Gonzalez Videla eliminó a casi el 25 por ciento del padrón electoral y se cargó de paso a sus enemigos los comunistas-.
Ahora, algo de esa alma revive con esta nueva ley –o proyecto de ley-, con la que el Gobierno busca terminar con su peor enemigo: los jóvenes que no aceptan el milagro chileno.
Es la nueva ley maldita, la de Piñera.
El problema no es que estas ideas sean tan ridículas –como el diálogo que acabamos de imaginar-, ni siquiera que niegan el sentido mismo de la realidad, falseándola de modo grotesco: las tomas son siempre violentas, ya sea por fuerza física o por fuerza moral, sino que, de ser delito, como lo pretende el gobierno, harán sufrir a muchas personas por la desviada imaginación de estos personajes.
No es difícil imaginar, y dada la precaria situación del Ministerio Publico que desnudó el “caso bombas”, especialmente ante gobiernos con propensión a la presión –siempre habrá un fiscal Peña de turno-, que de ser ley, este delito de “tomas violentas” dará lugar a las mas inimaginables situaciones de acusaciones ligeras, artificiales o derechamente injustas, que acrecentarán aún más los mecanismos represivos de la protesta social.
En las escuelas de derecho, incluso en las más malas, se enseñan cosas tan simples como estas: que las sanciones penales –especialmente la cárcel- es la pena más grave de las que dispone la ley para sancionar conductas consideradas disvaliosas desde el punto de vista social.
Y en esas mismas escuelas, los estudiantes aprenden, incluso los más malos, cosas como estas: que el establecimiento de delitos que pudieren afectar derechos fundamentales de las personas, deben estar especialmente justificados en razones de estricta necesidad y de proporcionalidad.
De ahí que se suele decir, que el derecho penal es el último recurso –la última ratio-.
Por ello, los delitos deben referirse a conductas muy específicas, que dejen el menor margen posible a la indeterminación y que sean consideradas especialmente negativas por amplios sectores de la sociedad.
El punto es que el anuncio del Gobierno no cumple con ninguna de estas condiciones. Se pretende sancionar conductas abiertas – romper un candado o amenazar a un portero es violencia-, y que en buena parte de los casos son expresión de una forma legítima de ejercer el derecho de protesta, recogido en nuestro sistema de derechos fundamentales.
Y por si fuera poco, no existe ningún consenso social sobre la peligrosidad social de estas tomas.
Salvo para la Cámara de Comercio –redactores de facto del proyecto y casualmente los adalides del lucro que el movimiento estudiantil repudia-, la pregunta más importante es esta:
¿Quién puede sostener que las tomas son consideradas por la sociedad ampliamente negativas cuando el movimiento estudiantil que se ha expresado, precisamente, a través de ellas cuenta con un amplísimo respaldo social?
Sin las tomas violentas que se busca criminalizar, el movimiento estudiantil que hoy atormenta a Piñera sencillamente no existiría. ¿Qué parte de estas lecciones tan básicas de derecho se habrán perdido los asesores de Piñera al redactar este proyecto estrella, que parece más salido de la gruesa pluma de Labbé que de la de un jurista de la plaza?
Existen dos posibilidades para explicar este brutal proyecto:
Primero, que el Gobierno está acorralado y en medio de la ceguera que lo ha caracterizado, ha decidido entregarse a los sectores más duros de la derecha chilena. Ha quedado en las afiladas manos de la Udi.
Y si esto es así, Dios nos pille confesados: la derecha chilena es una de las expresiones más radicales de ese movimiento político en el mundo. Para ellos, la criminalización de las tomas es una extensión natural de su pensamiento político.
Pero siempre las cosas pueden ser peores. Quizás a esta altura, la derecha dura se ha dado cuenta que, salvo una epifanía cósmica, no volverá a gobernar por mucho tiempo. Y que, tal como loPiñera, Hinzpeter y sus adláteres han decidido exponer a la sabiduría humana a una prueba límite. Según ellos la cosa –puesta en relato- sería del siguiente modo:
-Grupo de estudiantes: Mi estimado, hemos decido ocupar este edificio aun cuando usted no esté de acuerdo.
-Administrador: Pues bien, es una situación difícil pero conversando la gente de bien se entiende. De hecho, los estaba esperando, aunque no estoy de acuerdo con que me expulsen del edificio, les doy la bienvenida y aquí tienen las llaves de las puertas.
-Estudiantes: Le agradecemos su disposición a colaborar con la causa de terminar con el lucro, que por tanto tiempo lo ha beneficiado a Ud. Ilegítimamente. Pero vemos que es, como dice el Presidente, un chileno de “buen corazón”.
-Administrador: Pues bien, así será. Los dejo a cargo de todo, cuídense de los carabineros. En el refrigerador hay fruta.
Pues, bien en el mundo imaginario del jurista Hinzpeter este relato es un caso de toma pacífica, y por tanto, debemos estar tranquilos. Este caso no será delito en su nueva ley.
El problema no es que estas ideas sean tan ridículas –como el diálogo que acabamos de imaginar-, ni siquiera que niegan el sentido mismo de la realidad, falseándola de modo grotesco: las tomas son siempre violentas, ya sea por fuerza física o por fuerza moral, sino que, de ser delito, como lo pretende el gobierno, harán sufrir a muchas personas por la desviada imaginación de estos personajes.
No es difícil imaginar, y dada la precaria situación del Ministerio Publico que desnudó el “caso bombas”, especialmente ante gobiernos con propensión a la presión –siempre habrá un fiscal Peña de turno-, que de ser ley, este delito de “tomas violentas” dará lugar a las mas inimaginables situaciones de acusaciones ligeras, artificiales o derechamente injustas, que acrecentarán aún más los mecanismos represivos de la protesta social.
En las escuelas de derecho, incluso en las más malas, se enseñan cosas tan simples como estas: que las sanciones penales –especialmente la cárcel- es la pena más grave de las que dispone la ley para sancionar conductas consideradas disvaliosas desde el punto de vista social.
Y en esas mismas escuelas, los estudiantes aprenden, incluso los más malos, cosas como estas: que el establecimiento de delitos que pudieren afectar derechos fundamentales de las personas, deben estar especialmente justificados en razones de estricta necesidad y de proporcionalidad.
De ahí que se suele decir, que el derecho penal es el último recurso –la última ratio-.
Por ello, los delitos deben referirse a conductas muy específicas, que dejen el menor margen posible a la indeterminación y que sean consideradas especialmente negativas por amplios sectores de la sociedad.
El punto es que el anuncio del Gobierno no cumple con ninguna de estas condiciones. Se pretende sancionar conductas abiertas – romper un candado o amenazar a un portero es violencia-, y que en buena parte de los casos son expresión de una forma legítima de ejercer el derecho de protesta, recogido en nuestro sistema de derechos fundamentales.
Y por si fuera poco, no existe ningún consenso social sobre la peligrosidad social de estas tomas.
Salvo para la Cámara de Comercio –redactores de facto del proyecto y casualmente los adalides del lucro que el movimiento estudiantil repudia-, la pregunta más importante es esta:
¿Quién puede sostener que las tomas son consideradas por la sociedad ampliamente negativas cuando el movimiento estudiantil que se ha expresado, precisamente, a través de ellas cuenta con un amplísimo respaldo social?
Sin las tomas violentas que se busca criminalizar, el movimiento estudiantil que hoy atormenta a Piñera sencillamente no existiría. ¿Qué parte de estas lecciones tan básicas de derecho se habrán perdido los asesores de Piñera al redactar este proyecto estrella, que parece más salido de la gruesa pluma de Labbé que de la de un jurista de la plaza?
Existen dos posibilidades para explicar este brutal proyecto:
Primero, que el Gobierno está acorralado y en medio de la ceguera que lo ha caracterizado, ha decidido entregarse a los sectores más duros de la derecha chilena. Ha quedado en las afiladas manos de la Udi.
Y si esto es así, Dios nos pille confesados: la derecha chilena es una de las expresiones más radicales de ese movimiento político en el mundo. Para ellos, la criminalización de las tomas es una extensión natural de su pensamiento político.
Pero siempre las cosas pueden ser peores. Quizás a esta altura, la derecha dura se ha dado cuenta que, salvo una epifanía cósmica, no volverá a gobernar por mucho tiempo. Y que, tal como lo hizo Pinochet en el último día de dictadura, debe dejar la mayor cantidad de normas de amarre que le hagan difícil a los chilenos intentar cambiar a futuro – a fuerza de tomas precisamente- su modelo.
En cualquier caso, la situación es igualmente compleja: se ha decidido utilizar al derecho y en su versión más radical –la cárcel- con fines puramente políticos de tutela de los intereses de una minoría, transformando de paso a los disidentes –como los estudiantes en protesta- en potenciales delincuentes.
En este sentido, este proyecto de ley, como se ha recordado en estos días, se emparenta en el alma con la versión más autoritaria de la sociedad chilena, la que ha tenido expresiones sublimes en nuestra historia. Como la ley maldita – con la que Gonzalez Videla eliminó a casi el 25 por ciento del padrón electoral y se cargó de paso a sus enemigos los comunistas-.
Ahora, algo de esa alma revive con esta nueva ley –o proyecto de ley-, con la que el Gobierno busca terminar con su peor enemigo: los jóvenes que no aceptan el milagro chileno.
Es la nueva ley maldita, la de Piñera. hizo Pinochet en el último día de dictadura, debe dejar la mayor cantidad de normas de amarre que le hagan difícil a los chilenos intentar cambiar a futuro – a fuerza de tomas precisamente- su modelo.
En cualquier caso, la situación es igualmente compleja: se ha decidido utilizar al derecho y en su versión más radical –la cárcel- con fines puramente políticos de tutela de los intereses de una minoría, transformando de paso a los disidentes –como los estudiantes en protesta- en potenciales delincuentes.
En este sentido, este proyecto de ley, como se ha recordado en estos días, se emparenta en el alma con la versión más autoritaria de la sociedad chilena, la que ha tenido expresiones sublimes en nuestra historia. Como la ley maldita – con la que Gonzalez Videla eliminó a casi el 25 por ciento del padrón electoral y se cargó de paso a sus enemigos los comunistas-.
Ahora, algo de esa alma revive con esta nueva ley –o proyecto de ley-, con la que el Gobierno busca terminar con su peor enemigo: los jóvenes que no aceptan el milagro chileno.
Es la nueva ley maldita, la de Piñera.
lunes, 10 de octubre de 2011
Infome DDHH-UDP 2001: Acoso moral en el trabajo
http://www.derechoshumanos.udp.cl/informe-anual-sobre-derechos-humanos-en-chile-2011/
sábado, 1 de octubre de 2011
Trabajando con el enemigo: acoso laboral en Chile- El Mostrador 30.09.11
La llegada de nuevos jefes no habría sido una buena noticia para Galia Díaz, funcionaria del Consejo de la Cultura. Desde el cambio de gobierno, según relató su padre, había sido objeto de un acoso en su trabajo, especialmente con la persecución de sus jefes, lo que habría gatillado su traslado a Valparaíso.
Gala Díaz era una de las funcionarias que fallecería en el accidente de la Isla Juan Fernández.
Tiempo antes, otra trabajadora vivía una situación peor. Nora Melo decidió adoptar la religión musulmana, y de ahí en adelante comenzó a ser tratada por sus jefes como la “perra musulmana”; así comenzó una serie de hostigamientos que se intensificaron con el tiempo: le otorgaban sus descansos en un horario distinto del resto de sus compañeros, era aislada en un puesto de trabajo alejado de los demás, se le prohibía hablar árabe y se le conminaba frente a todos a irse a los países de su religión.
En ese caso, el Primer Juzgado del Trabajo de Santiago razonó del siguiente modo: “la trabajadora Nora Melo Iribarren se vio afectada por los insultos y discriminación ejercida en su contra, traduciéndose aquello en un padecimiento que alteró su salud psíquica y le produjo sufrimiento, aflicción e impotencia de verse expuesta a tales acciones” y que, por tanto, corresponde el pago de una indemnización por daño moral, de cinco millones de pesos, y el cese inmediato del hostigamiento en su contra.
¿Que tendrían en común estas tristes historias?
Reflejan una realidad hasta ahora prácticamente ignorada en el debate público chileno: el acoso laboral – conocido como mobbing-. Esto es, el trato vejatorio y humillante del que es objeto persistentemente un trabajador, con el resultado de afectar significativamente su integridad física y síquica.
Y algo más. Estos casos son expresión simbólica –como puntas de un iceberg- de una realidad que estaría, como suele ocurrir en estos casos, mucho más extendida de lo que parece:
Según cifras de la Dirección del Trabajo, en 2007 se presentaron 5.727 denuncias por acoso laboral en ese órgano de fiscalización y en 2008 fueron 7.203. De ahí en adelante, para adecuarse a la nueva justicia laboral, ese organismo implementó un sistema general de denuncias de violaciones a derechos fundamentales de los trabajadores y no especialmente de acoso moral, como hasta esa fecha. Por ello, ahora dichas denuncias quedan incorporadas como casos de vulneración al derecho a la integridad física o síquica y/o el derecho a la privacidad y la honra.
Y ahí las cifras –era que no- nuevamente son altísimas. De hecho, de la lista de quince tipos de violaciones a los distintos derechos fundamentales de los trabajadores contemplada por la Dirección del Trabajo, la que incluye, entre otras, cuestiones de discriminación, prácticas antisindicales, vulneración a libertad de trabajo, la materia más denunciada y acogida en 2010 fue, con diferencia, la vulneración al derecho a la integridad física y síquica de los trabajadores, con 960 denuncias, seguida por vulneración al derecho a la vida privada y la honra, con 465 denuncias acogidas; ambas materias son las directamente afectadas por las conductas de acoso moral en el trabajo. De estas cifras da cuenta, a todo esto, el informe de derechos humanos que el Centro de Derechos Humanos de la UDP publicará la próxima semana.
Y a pesar de todo lo anterior, el acoso laboral parece no existir en Chile para los medios. Si existe, curiosamente, su descendiente en términos conceptuales –el acoso escolar-. De hecho, ya todos los medio hablan de bullying, pero prácticamente muy pocos se refieren al mobbing.
¿Es un hallazgo revelar que las cifras de acoso laboral en Chile parecen dar cuenta de un problema mayor, respecto del cual parece haber un manto de ignorancia y no poca indiferencia?
En absoluto. No es difícil reflexionar que sociedades autoritarias –como permanentemente se ha diagnosticado a la chilena- con históricos déficits en términos de tolerancia y diversidad, se reflejan en relaciones laborales fuertemente verticales, donde la línea del mando legítimo puede fácilmente superarse por la del acoso y el hostigamiento.
Las manifestaciones del mobbing son muchas e incluyen desde cuestiones tan sutiles como borrar de a poco del escenario laboral a la victima –la ley del hielo que aprendemos desde niño- hasta formas más brutales como denigrarla gravemente en relación al resto –tratándola de perra o de inútil-. Pero siempre tienen algo en común: niegan al otro como un ser digno de consideración.
Hostigamiento, muchas veces silencioso, que menosprecia al otro, que lo ningunea de forma sutil pero persistente y que lo va marginando de la consideración y el respeto que los seres humanos exigimos bajo la idea de la dignidad.
Nada de esto es una exageración, ya que como apuntaba en su día, Leymann –quien revolucionaría la sicología del trabajo con sus estudios de Mobbing- “el lugar de trabajo constituye el último campo de batalla en el que una persona puede matar a otra sin ningún riesgo de llegar a ser procesada ante un tribunal”.
Gala Díaz era una de las funcionarias que fallecería en el accidente de la Isla Juan Fernández.
Tiempo antes, otra trabajadora vivía una situación peor. Nora Melo decidió adoptar la religión musulmana, y de ahí en adelante comenzó a ser tratada por sus jefes como la “perra musulmana”; así comenzó una serie de hostigamientos que se intensificaron con el tiempo: le otorgaban sus descansos en un horario distinto del resto de sus compañeros, era aislada en un puesto de trabajo alejado de los demás, se le prohibía hablar árabe y se le conminaba frente a todos a irse a los países de su religión.
En ese caso, el Primer Juzgado del Trabajo de Santiago razonó del siguiente modo: “la trabajadora Nora Melo Iribarren se vio afectada por los insultos y discriminación ejercida en su contra, traduciéndose aquello en un padecimiento que alteró su salud psíquica y le produjo sufrimiento, aflicción e impotencia de verse expuesta a tales acciones” y que, por tanto, corresponde el pago de una indemnización por daño moral, de cinco millones de pesos, y el cese inmediato del hostigamiento en su contra.
¿Que tendrían en común estas tristes historias?
Reflejan una realidad hasta ahora prácticamente ignorada en el debate público chileno: el acoso laboral – conocido como mobbing-. Esto es, el trato vejatorio y humillante del que es objeto persistentemente un trabajador, con el resultado de afectar significativamente su integridad física y síquica.
Y algo más. Estos casos son expresión simbólica –como puntas de un iceberg- de una realidad que estaría, como suele ocurrir en estos casos, mucho más extendida de lo que parece:
Según cifras de la Dirección del Trabajo, en 2007 se presentaron 5.727 denuncias por acoso laboral en ese órgano de fiscalización y en 2008 fueron 7.203. De ahí en adelante, para adecuarse a la nueva justicia laboral, ese organismo implementó un sistema general de denuncias de violaciones a derechos fundamentales de los trabajadores y no especialmente de acoso moral, como hasta esa fecha. Por ello, ahora dichas denuncias quedan incorporadas como casos de vulneración al derecho a la integridad física o síquica y/o el derecho a la privacidad y la honra.
Y ahí las cifras –era que no- nuevamente son altísimas. De hecho, de la lista de quince tipos de violaciones a los distintos derechos fundamentales de los trabajadores contemplada por la Dirección del Trabajo, la que incluye, entre otras, cuestiones de discriminación, prácticas antisindicales, vulneración a libertad de trabajo, la materia más denunciada y acogida en 2010 fue, con diferencia, la vulneración al derecho a la integridad física y síquica de los trabajadores, con 960 denuncias, seguida por vulneración al derecho a la vida privada y la honra, con 465 denuncias acogidas; ambas materias son las directamente afectadas por las conductas de acoso moral en el trabajo. De estas cifras da cuenta, a todo esto, el informe de derechos humanos que el Centro de Derechos Humanos de la UDP publicará la próxima semana.
Y a pesar de todo lo anterior, el acoso laboral parece no existir en Chile para los medios. Si existe, curiosamente, su descendiente en términos conceptuales –el acoso escolar-. De hecho, ya todos los medio hablan de bullying, pero prácticamente muy pocos se refieren al mobbing.
¿Es un hallazgo revelar que las cifras de acoso laboral en Chile parecen dar cuenta de un problema mayor, respecto del cual parece haber un manto de ignorancia y no poca indiferencia?
En absoluto. No es difícil reflexionar que sociedades autoritarias –como permanentemente se ha diagnosticado a la chilena- con históricos déficits en términos de tolerancia y diversidad, se reflejan en relaciones laborales fuertemente verticales, donde la línea del mando legítimo puede fácilmente superarse por la del acoso y el hostigamiento.
Las manifestaciones del mobbing son muchas e incluyen desde cuestiones tan sutiles como borrar de a poco del escenario laboral a la victima –la ley del hielo que aprendemos desde niño- hasta formas más brutales como denigrarla gravemente en relación al resto –tratándola de perra o de inútil-. Pero siempre tienen algo en común: niegan al otro como un ser digno de consideración.
Hostigamiento, muchas veces silencioso, que menosprecia al otro, que lo ningunea de forma sutil pero persistente y que lo va marginando de la consideración y el respeto que los seres humanos exigimos bajo la idea de la dignidad.
Nada de esto es una exageración, ya que como apuntaba en su día, Leymann –quien revolucionaría la sicología del trabajo con sus estudios de Mobbing- “el lugar de trabajo constituye el último campo de batalla en el que una persona puede matar a otra sin ningún riesgo de llegar a ser procesada ante un tribunal”.
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