Días de huelga- El Mostrador 7.12.2012

Huelga en TVN. Huelga en Salud UC y antes en Cencosud. Y así una larga lista de empresas que se presentan a los ojos públicos como ejemplares, pero en las que sus trabajadores parecen no opinar lo mismo.

Y es que un fantasma parece que comienza a recorrer las empresas grandes en Chile: la huelga.

¿Es posible que la primavera social —especialmente la protesta estudiantil— por fin haya contagiado a los trabajadores chilenos, moviéndolos a poner en cuestionamiento el modo en que se ha trabajado en los últimos años, especialmente el escandaloso reparto de las utilidades empresariales?

¿Se acerca ahora el fin del modelo por el costado de los trabajadores?

De partida, razones tienen de sobra. El modelo laboral chileno es el mismo de la dictadura y ya lo hemos dicho antes, el último día de gobierno de la Bachelet habían menos trabajadores —proporcionalmente— sindicalizados y negociando colectivamente que el último día de Pinochet.

Pero, hay que apuntarlo de inmediato, sería rarísimo. Los trabajadores de nuestro país lo tienen todo en contra. El modelo económico —como lo explicaba uno de sus ideólogos José Piñera— considera una participación paupérrima de los trabajadores en las empresas: el salario y punto.

Nada de huelgas, negociación colectiva, sindicatos y otras rarezas marxistas.

La huelga —cito las palabras de los redactores de la ley aún vigente cuando la Junta Militar hacia de legislador— es una institución “antigua” y “pre-moderna” “propia de los malones araucanos”.

Tal como leyó.

Y vamos a ser honestos, esa lógica de exclusión de la participación y la criminalización del conflicto laboral ha penetrado imperceptiblemente en los propios trabajadores.

¿Por qué los trabajadores chilenos son los únicos en el mundo que tienen que salir —como quien busca disipar la sospecha de lo ilícito— declarando a todo el mundo que su huelga es “legal”?

Raro, si nadie se los está preguntando y si, por lo demás, es un derecho fundamental reconocido en tratados internacionales vigentes en nuestro país (artículo 8 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).

La respuesta es sencilla: temor. Y vaya que justificado.

No existe otro país del mundo capitalista occidental —ni hablar de la OCDE— donde los trabajadores deban enfrentar un entorno más hostil que los chilenos al ejercer este derecho.

Partamos por la ley. Chile tiene en esto un mérito único en el mundo: permite el reemplazo de los trabajadores en huelga, lo que, como es fácil advertir, es la negación de la misma huelga.

De hecho, nadie podría discutir que en Chile hablar que los trabajadores tienen derecho a huelga —cuando la empresa puede seguir funcionando normalmente— es, sencillamente, una perversión del lenguaje.

A ese entorno legal agresivo, se suma un ambiente cultural tan hostil como la ley.

De hecho, un absoluto éxito del modelo de la dictadura ha sido asignar un sentido emotivo a las palabras sindicalista y huelga, que ha terminado calando en buena medida a los propios trabajadores. La primera se asocia a alguien conflictivo que viene a enturbiar la paz social de la empresa. La segunda es una acción de agresión de los trabajadores a sus empleadores que algún modo traiciona la lealtad mutua que se debían.

¿En cuantas escuelas en Chile se estará tratando despectivamente de sindicalistas a niños que intentando organizarse para ejercer derechos, formando desde ya el carácter autoritario de las relaciones laborales en nuestro país? ¿En cuánto colegio se estará dando a entender que autoridad es sinónimo de mando sin cuestionamientos y que la lealtad equivale a obedecer ciegamente las instrucciones del que manda?

Por último, hay que decirlo, el movimiento sindical chileno ha tenido escasa imaginación a la hora de utilizar la huelga como acción de conflicto.

El Plan Laboral —el Código del Trabajo vigente desde la dictadura— ha sido enfrentado con escasa creatividad: la huelga ha sido considerada en su forma más tradicional como suspensión total y continuada de la prestación de servicios.

Al parecer, sin embargo, algo comienza a cambiar. De profundizarse este naciente movimiento de huelga —y las razones seguirán ahí mientras más de la mitad de los trabajadores asalariados en Chile gane menos de 250 mil pesos—, los trabajadores chilenos deberían soltar amarras.

Y asumir, como ocurre en otras latitudes, que la huelga es mucho más de lo que siempre le dijeron que era. Que ella tiene muchas modalidades: la de solidaridad —aquella huelga que va en apoyo de otra huelga—, la de celo o reglamento —el trabajo se somete a un cumplimiento en detalle de la reglamentación de seguridad lo que lo vuelve menos productivo—, la de brazos caídos —el trabajo se presta a un ritmo productivo inferior al normal—, la huelga relámpago —el trabajo se interrumpe por un momento de corta duración—, la huelga rotativa —se paraliza el trabajo por turnos sin interrumpir el total de la producción—, etc.

¿Lo más interesante de todas estas huelgas no tradicionales?

No existe ninguna regla legal en Chile que las prohíba y son manifestaciones legítimas de ese derecho fundamental tan olvidado.

Mexico: clases en la UABC- Mexicali

A veces -casi siempre- tanta razón

Un rayo de sol

Tribunal Constitucional: el artículo 25 del Codigo del Trabajo - que establece que los tiempos de espera no son jornada de trabajo- vulnera el principio de protección constitucional.Ver sentencia en Rol 2197-12 www.tribunalconstitucional.cl

Los interesados escribanme para enviarles el informe en derecho respectivo. Precio? Una copa de vino.

Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, Santiago 25 al 27 de Septiembre 2012

Los lobistas y su seguridad jurídica- El Mostrador 26-09-2012

La ministra Benítez criticó rudamente a la Corte Suprema. Le molestó que este tribunal se pronuncie en temas “técnicos” que escapan, dice, de su competencia.

Ella se ha defendido diciendo que tiene derecho a comentar un fallo judicial, como cualquier otra persona. El problema es que lo suyo no es un comentario, sino una presión en toda regla.

Nadie sensato duda que se puedan comentar los fallos. De hecho no hay norma legal que lo impida —otra cosa es revisar sus fundamentos— y es parte de la mejor concepción de una democracia en que todos nos escrutemos a todos. En este punto es mejor la máxima promiscuidad discursiva posible.

Pero nada de este caso parece ser así. No es una simple ciudadana opinando sobre materias que le interesan, ni tampoco parece una ministra preocupada desinteresadamente del devenir de la aplicación de las reglas medioambientales en Chile.

Y es que se trata de una persona que antes de ejercer de ministra (y más que seguro después) se dedica a la asesoría de empresas que precisamente se verán afectadas por fallos como el de Castilla. De hecho, de las primeras reglas del manual del lobista está lo que Benítez ha hecho con falta total de pudor: hacer de todos los negocios de los clientes cuestiones puramente técnicas, de las que solo unos pocos (como ellas y sus colegas) pueden opinar y decidir.

¿Cómo distinguir si la señora hablaba como ministra —genuinamente interesada en el bien ambiental del país— o como la asesora y lobbista que ha sido en su ejercicio profesional? Casi imposible. Y entonces, el problema de Benítez no es su derecho a hablar —que ya estará aprendiendo, a veces, es mejor ejercer el derecho opuesto—, sino la profusa red de intereses y conflictos de interés que plagan la nueva forma de gobernar.

No está mal que hable, lo que está jodidamente mal es que no podamos saber con certeza a quién defiende. Y lo peor es que tampoco lo sabemos con prácticamente todas las autoridades de la nueva forma de gobernar: ni con el ministro de Minería —y su hermano empleado de Ponce Lerou—, ni con el subsecretario de Minería —ex empleado del mes de Banmédica—, ni con el Director de SII y una interminable lista de etcéteras.

Ahora, lo peor en todo caso viene de su Jefe. Piñera ha decidido hacer de lobista de unos pocos y escribir un capítulo más de uno de los clásicos de la derecha chilena: el cuento del lobo. Los inversionistas —asustadizos como son— tiemblan de miedo y están con las maletas a medio hacer, listos para buscar un país mas “seguro jurídicamente” y probablemente más tercermundista.

Es la seguridad jurídica en su cara más impresentable: a la medida del bolsillo.

No es que se trate de una idea muy sofisticada ni compleja. Es más bien todo lo contrario: es tan simplona que asusta. El Estado de Derecho es seguro cuando protege los intereses económicos dominantes —la monserga de las “las reglas del juego”— y no lo es, cuando esos intereses perciben que hay otros intereses no dominantes que los pueden amagar. Y todo es especialmente inseguro cuando la propiedad y el lucro se ven amenazados por intereses ideológicamente periféricos: consideraciones ambientales, político-nacionales, étnicas, laborales, etc.

En la idea de seguridad jurídica de Piñera y sus lobistas, el derecho está de rodillas: lo único que importa es que garantice el lucro y la ganancia de los intereses dominantes. Todo, por supuesto, en base a reglas y procedimientos formales y solemnes que garantizan que, al final, casi siempre —por no decir siempre— prime el interés económico de los del club.

¿Alguien en su sano juicio cree que la institucionalidad que Benítez y los otros lobistas dicen defender con tanta pasión y desinterés permite que las consideraciones ambientales y nacionales primen sobre el lucro y la propiedad?

Para los lobistas derechos ambientales, derechos laborales y otras rarezas —como el control nacional sobre los recursos naturales— no deben en los casos que importan de verdad, impedir que el derecho que importa —la propiedad y el lucro— muestren todo su poder.

¿No estaba en riesgo la seguridad jurídica cuando una de las empresas en las que Piñera era socio no pagaba el salario mínimo y los trabajadores a viva voz le reclamaban las ilegalidades de que eran objeto? ¿No estaban en jaque las reglas del juego cuando las universidades lucraban, pese a estar expresamente prohibido por la ley? ¿No es poco seguro jurídicamente hablando que un recurso estratégico como el litio se asigne de espaladas a la ciudadanía y ocupando un artificio legal —los contratos de operación— que disfrazan una concesión pura y dura? De ningún modo. Esas reglas legales no importan.

Es que la seguridad jurídica de los lobistas es profundamente estrábica: las reglas del juego que de verdad valen son unas pocas. No es difícil adivinar cuáles.

Starbucks cumple con condena por prácticas antisindicales: publica un aviso en La Cuarta

Clotario Blest por las calles de Santiago- 1950

No: la dulce derrota de Pinochet- El Mostrador- 10-Agosto-2012

En otros tiempos la idea de “haber derrotado al dictador” con un lápiz despertaba satisfacción y complacencia. Un dictador sangriento y tosco –amigo de lo ajeno, además, según supimos después- se veía obligado a hacer las maletas del poder y se iba como un derrotado.

La gente bailaba en las calles y se abraza en una postal del nuevo Chile que se prometía “mas justo”, para que “ganara la gente” y otra serie de eslóganes que se le ocurría a los genios del marketing publicitario que poco a poco se tomaban la política chilena.

Hay que reconocer que ese modo de contar las cosas –el relato como gustan llamarlo- estaba bien construido y hasta emocionaba.

¿Volverían hoy veinte años después de esa derrota del dictador a bailar en las calles con entusiasmo primaveral aquellos que pensaba que la “sociedad más justa” estaba a la vuelta de la esquina?

Más justa y solidaria para ser exactos, lo copio textual del primer programa de la Concertación.

Difícil parece. En la calle ya hay ánimo de baile, sino de protesta. La alegría ha duda lugar, pocas dudas caben, a la molestia y la indignación con un Chile que se parece bastante al que el dictador derrotado diseñó: desigual y excluyente.

Todos los eslóganes de los vencedores de la época hoy provocan más rubor que orgullo.

Y es que con el tiempo caímos en cuenta que el derrotado fue Pinochet -un dictador impresentable-, no la sociedad que imaginó. Nadie duda que la matriz de esa sociedad y el modelo para gobernarla es básicamente la misma que, en su momento, el anciano dictador construyó.

¿Qué hizo que cuatros gobiernos después –y más allá de los esfuerzos de tanto concertacionista empeñado en salvar la honra- el ánimo social de exclusión e injusticia sea igual que hace 20 años atrás?

“No tuvimos cojones”, lo resumía Vidal en su estilo. No sólo la reforma tributaria -para que Chile dejara de ser uno de los países de desarrollo medio donde los más ricos pagan menos- quedó en el debe. También una nueva Constitución que dejara atrás la pluma de Jaime Guzmán –y no la reforma de maquillaje de Lagos el 2005- o la reforma laboral que derogara el hasta hoy vigente plan laboral de Pinochet. O reformas profundas al vergonzoso modelo de educación pública chileno. O al modelo de salud privado y excluyente de todos estos años, y en fin a una larguísima lista de etcéteras que no dan ni ganas de recordar.

La explicación no es difícil de ensayar. En una transición a la democracia llena de temores y espejismos, los ministros de Hacienda de la Concertación y su cerrado credo –de esas verdades reveladas- terminaron convertidos en los guardianes de la estabilidad. Estabilidad eso sí –y ahí está el pequeño detallito- entendida como la mantención a pie juntillas del modelo económico de la dictadura.

Desde ese momento, la Concertación quedó inmovilizada y entregada cual dama virginal a sus padres celadores: los Velasco, los Eyzaguirres y otros tantos, se encargaron que la jovencita no tomara malos rumbos. No fuera ser que –movida por la pasión adolescente por la justicia o la igualdad- se le ocurriera reformar la negociación colectiva, las reglas tributarias o cualquier desvarío que deformara el modelo.

El crecimiento y la estabilidad termino siendo la única medida de la “justicia de lo posible” para el Chile democrático.

El resultado es más que evidente: de la promesa de una sociedad más justa e igualitaria pasamos lenta e inexorablemente a la sociedad de los programas asistenciales y de los bonos de inverno, verano y primavera.

En uno de los países más desiguales del mundo, gotas de rocío en pleno desierto.

Hoy lo sabemos. Fue la dulce derrota de Pinochet.

La CUT y sus días difíciles - El Mostrador 12.07.2012

La Concertación tiene una enorme deuda. Con Arturo Martínez me refiero. Cuando se retire —alguna vez el sol tiene que suceder al frío— ese conglomerado político debería hacerle un sentido homenaje, con placa incluida.

Y es que efectivamente Martínez —a veces sin siquiera tener conciencia de ello— logró una cuestión básica para los gobiernos de la Concertación: someter a los trabajadores a la resignación de que no existe otro mundo posible en las relaciones laborales.

En efecto, la Concertación sin ganas ni acuerdo para cambiar el modelo laboral de Pinochet —más bien con flamantes defensores como Foxley, Eyzaguirre y Velasco entre otros— necesitaba una CUT con el mismo rol que la asignaban en su escenografía a los trabajadores y sus demandas: la de actor de reparto.

Y Martínez se aplicó como ninguno a lograrlo. En veinte años, el mismo movimiento sindical que de la mano de Seguel y Bustos había sido un actor central en la lucha y derrota de la dictadura, se transformó en un apacible recuerdo, sin capacidad alguna de cuestionar el modelo y con no más trascendencia política que la miserable negociación del salario mínimo una vez al año.

No es difícil percatarse del negocio redondo para todos los involucrados. La Concertación logró mancillar cualquier movimiento social que desde el mundo de los trabajadores cuestionara la ruta elegida de la “democracia de los acuerdos” y Martínez —a través de un transversal apoyo en los partidos políticos— mantuvo el poder sin mayores cuestionamientos —ni siquiera al opaco sistema electoral que ha legitimado una y otra vez sus elecciones—.

Y el resultado fue que la otrora poderosa Central Unitaria de Trabajadores devino en insignificante. Durante veinte años, dicha organización sindical no logró ninguna modificación relevante a las reglas laborales dejadas por la dictadura que, como ya se ha dicho hasta la saciedad, dejaron a Chile como un país único en el mundo occidental por la falta total de poder de los trabajadores —con un décimo del promedio de la cobertura de la negociación colectiva de los países de la OCDE—.

En resumen, y en pocas palabras: la irrelevancia más dramática.

Y a nadie le importaba. Parecía escrito en piedra que el modelo chileno suponía un tipo de desarrollo donde no había espacio ni para sindicatos, ni para trabajadores con poder. La idea en esos años del milagro chileno, como lo sugirió en algún momento un ex ministro de Hacienda era “cuidar la pega”. Calladitos, le faltó agregar.

Todo perfecto para Martínez. Hasta que llegó la primavera social de estos años. Con una ciudadanía infinitamente más consciente y movilizada para obtener las modificaciones de los pilares centrales de ese modelo, su liderazgo sindical se transformó de irrelevante en seriamente problemático.

¿Cómo explicar que frente a una ciudadanía movilizada por diversas demandas pendientes de un modelo económico y social agotado y excluyente, los trabajadores y su principal organización sindical no asumieran el rol protagónico que les corresponde?

Simplemente inaudito.

Los hechos no pueden ser más reveladores: las acciones de protesta y movilización de Martínez no convocan prácticamente a nadie —quizás su última marcha sea la única en que Carabineros no tuvo que artificialmente rebajar la cifra de asistentes— y su capacidad de influencia en la movilización de los trabajadores es prácticamente nula.

Paradójicamente la únicas muestras de convocatoria de Martínez provienen del mundo del gran empresariado —que representado en la CPC— ha visto en su conducción la mejor garantía de un sindicalismo débil y pusilánime. La CPC ha fomentado una y otra vez el liderazgo de Martínez para seguir vistiendo al rey desnudo: en Chile no hay crisis, hay dialogo social, dicen. Como el del último acuerdo CUT-CPC, agregan.

El resultado no puede ser más trágico para los trabajadores. Martínez tiene prácticamente secuestrada la representación política de los trabajadores, y no tiene ninguna capacidad efectiva de generar ni él y ni sus cercanos nada parecido a un movimiento social desde el mundo del trabajo.

Y qué decir que todo tiene un gran sabor a hortelano: ni Martínez puede construir ese movimiento sindical potente que los tiempos reclaman, pero —y aquí lo peor— tampoco deja que otros lo hagan.

Un callejón que no parece tener salida. Son los días difíciles de la CUT.

Niebla- Valdivia- Jornadas Chilenas de Derecho del Trabajo- Mayo 2012

Detectives helados...Bolaño

Soñé con detectives helados, detectives latinoamericanos
que intentaban mantener los ojos abiertos
en medio del sueño.
Soñé con crímenes horribles
Y con tipos cuidadosos
que procuraban no pisar los charcos de sangre
y al mismo tiempo abarcar con una sola mirada
el escenario del crimen.
Soñé con detectives perdidos
en el espejo convexo de los Arnolfini:
nuestra época, nuestras perspectivas,
nuestros modelos del Espanto.

La Tijera de Cortazár- El Mostrador- 12.5.2012

Hace un tiempo atrás Canal 13 denunciaba con tono de alarma social a un vendedor de paltas que lograba un milagro con su báscula: el kilo pesaba 700 gramos. Lo mismo hacía con una larga lista de personajes: bomberos que echaban menos bencina de la comprada, técnicos que mal arreglaban refrigeradores y muchos más. Siempre gracias a las cámaras escondidas.
En esas ocasiones, ni Cortázar, ni Chadwick decían nada. Curioso por decir algo, ya que hoy de repente y sin aviso previo, se han erigido en los guardianes de la corrección televisiva.
El primero ha decidido, como en los mejores tiempos de la dictadura, que hay cosas que mejor los ciudadanos no veamos: como la discriminación de que son objeto las nanas en colegios ―católicos la mayoría― y restoranes elegantes donde las nanas, al parecer, no son bienvenidas.
El segundo, le ha puesto razones ―sin que nadie se las pidiera― a la censura de Cortázar: “Las cámaras secretas no son fair play” ha dicho con tono reflexivo.
Y ante tamaña contradicción surge la pregunta obvia: ¿por qué el silencio y respeto a la libertad de expresión cuando se trataba del vendedor de paltas, y censura y preocupación por la honra cuando se trataba de colegios católicos y empresas importantes?
No cabe duda que esta dupla de notables tendrá buenas razones.
Lo del fair play, por supuesto. No es correcto hacer caer a personas o empresas en conductas reprochables, por medios escondidos y deliberadamente engañosos.
Suena bonito, pero tan leve. Es sencillamente ridículo pretender que el discriminador ―en este caso colegios católicos y restoranes― den la cara con sus motivos reprochables.
Precisamente, porque son reprochables y lo saben perfectamente es que actúan a escondidas, en el refugio de su propiedad, en la impunidad que da saber que dominan la situación y que su discriminación a una mujer de apariencia sencilla quedará silenciada entre cuatros paredes.
Pensar que el discriminador le dirá a esa misma nana, cara a cara y frente a los reflectores de las cámaras, de que ese colegio no es para ella es sencillamente ridículo. De seguro que en esos casos harían todo lo contrario: recitarían de memoria los principios cristianos que los inspiran, la solidaridad y un largo bla blá, hasta, quizás, le ofrecerían una beca para nanas.
De ahí el valor innegable para la verdad de la cámara secreta.
También nos podrían decir que se trata de una actriz y no de una nana. Este argumento es peor que el anterior. La actriz no está jugando a un personaje de teleserie, sino que está representando un rol social que es, precisamente, el que provoca la discriminación.
Y es que utilizar una actriz y no una nana real no marca ninguna diferencia relevante: ¿acaso es menos reprochable la conducta del colegio católico que discrimina a una actriz creyendo que es nana que a una nana real?
Sencillamente ridículo.
Ahora, estamos en Chile y todos sabemos ―olemos las verdaderas razones como los colegios católicos olían que la nana no era una de ellos― que la agilidad de esta dupla de notables para tijeretear y censurar un reportaje de investigación tiene una explicación obvia.
Es que vamos a ser honestos. Los reportajes de denuncia nos gustan cuando los sujetos que vemos caer ante las cámaras son pobres, insignificantes y por supuesto, nada de influyentes.
Con sujetos a los que El Mercurio no les publica cartas, que no son ex alumnos de colegios católicos ―no aptos para nanas―, la tijera se guarda en el último de los cajones. “Es que el vendedor de paltas no es mi amigo, pues hombre”, se justificarán en silencio los dueños de nuestra televisión.
De hecho, nos dirían, es ahí cuando las cámaras secretas muestran toda su utilidad: es que cuando caen ante nuestros ojos seres anónimos, que no arrastran con ellos ni prosperidad, ni un buen nombre que cuidar, la privacidad y la honra nos importa un comino.
Sin poder, ni capital social, a nadie le preocupa que los periodistas se comporten como aves sagaces sobre sus presas. Ahí el rating y el mercado lo justifican todo.
Un poema al Chile de la desigualdad.
En todo caso, corte lo que corte la tijera, la verdad seguirá ahí inconmovible como una catedral.
En Chile, hay colegios católicos donde, de resucitar, Jesús no habría cruzado ni la puerta. Ni tampoco en restaurantes ni en muchos otros lugares que suelen ser visitados por nuestra elite mayoritariamente católica.
Y de seguro, siempre existirá un Cortázar ―los ha habido tantos en la historia― para usar su tijera: como si la verdad se pudiera recortar al antojo del de turno.

Visita al Colegio de Abogados Lambayeque Perú. 28.04.2012

Acuerdo CUT CPC: llueven migajas- El Mostrador 24.03.2012

No es difícil imaginar, por un solo momento, que si el movimiento estudiantil hubiere estado liderado por Martínez y la CUT en vez de la CONFECH, se habría llegado rápidamente a un acuerdo con el Gobierno para perfeccionar el crédito con aval del Estado y de paso, habría dejado el lucro para otra ocasión. “Hay que ser realista” habría dicho, de seguro, con tono de político sobreviviente de mil batallas.
Es que el realismo político —los sueños arrinconados por la medida de lo posible— de quienes dirigen esa organización parece no tener límites. La CUT acaba de llegar al acuerdo más paupérrimo del que se tenga memoria conel gran empresariado, representado en la CPC, todo bajo el caricaturesco nombre de diálogo social.

Lo acordado son cosas tan relevantes como: cursos de capacitación, campaña publicitaria sobre “seguridad en el trabajo”, minúsculos cambios al seguro de desempleo, subsidio al primer empleo, cambios formales a la negociación colectiva y un par de comisiones bipartitas para seguir
reflexionando.
Y la estrella de la noche: la tan cacareada reforma al multirut. Una reforma tan evidente —el abuso es tan grosero que hasta Matthei está de acuerdo— como menor, ya que los jueces del trabajo ya han comenzado a declarar la existencia de una sola empresa en estos casos. De hecho, basta leer el proyecto del Gobierno —que Martínez salió a defender apasionadamente— para darse cuenta que pone más trabas y requisitos para que los trabajadores logren su objetivo de
sindicalización. O sea un avance al revés.
¿Cambios a la estructura profunda de plan laboral de Pinochet en las materias que importan: negociación colectiva por sobre la empresa y reconocimiento efectivo del derecho de huelga, por ej. eliminación del remplazo de trabajadores en huelga?
Nada de nada.
Y la pregunta es evidente: ¿valía la pena llegar a una acuerdo de tan precarios e imperceptibles avances, excusado en el realismo político de la CUT, permitiendo de paso a este gobierno y al modelo económico al que sirve, vestirse de dialogante e inclusivo, escondiendo, una vez más, la basura bajo la alfombra?
En absoluto. En un país que, como lo ha certificado la propia OCDE, tiene niveles vergonzosos de sindicalización y de negociación colectiva —los más bajos de esa organización— y con trabajadores, como lo reconocen todos los actores, sin poder alguno en sus relaciones laborales, llegar a tan raquítico acuerdo daña profundamente la posibilidad de construir en el futuro un movimiento potente como, precisamente, el de los estudiantes.
Da entender que con estas reglas —las que creó el hermano de Piñera— se puede sostener el diálogo social. Y eso, como veremos, en Chile es un disparate.
Pero este grosero error –negociar migajas- no es nuevo. Corría el año 1989, la alegría ya había llegado y el Gobierno de la época anunciaba —con bombos y platillos— la política de los acuerdos entre el empresariado y la CUT.
La jugada de Cortázar, el ministro del Trabajo de la época, fue maestra. Los trabajadores rápidamente olvidaron su demanda central: la sustitución total del plan laboral de Pinochet y, además, dejaron de cuestionar el modelo económico neoliberal que hasta hoy padecemos. Los empresarios podrían dormir tranquilos.
¿Lograron algo los trabajadores del diálogo social de Cortázar?
El precio de tamaña claudicación fue modestísimo. Recibieron las que hoy, miradas hacia atrás, nadie dudaría en calificar como migajas. La más importante de todas —hoy da risa sólo pensarlo— fue una conquista de aquellas: se eliminó el libre despido y se sustituyó por la causal de necesidades de la empresa. O sea, lo mismo con otro nombre (Ley 19.010 de 1990).
Y los resultados de ese “diálogo social” fueron espectaculares: después de veinte años de democracia los trabajadores tiene hoy menos poder que cuando se fue Pinochet.
¿Se puede cometer el mismo error por varias veces, eso de tropezar con la misma piedra?
La CUT parece que cree que sí. El gran empresariado tiene en la CUT, hay que reconocerlo, a un socio ideal: débil y sin poder real de negociación, llegar a acuerdos de “migajas” es relativamente sencillo. A cambio se logra un hecho político fundamental: dar la apariencia de que con las reglas del juego vigenteses posible avanzar en eso que se llama diálogo social.
¿Existe posibilidad en Chile de un diálogo horizontal y de iguales entre los trabajadores y empresarios y sus respectivas organizaciones?
Ninguna. Salvo que se reformen radicalmente las reglas legales dejadas por Pinochet los trabajadores no tendrán poder real para negociar nada. Y ello, parece obvio, no se logrará con insignificantes acuerdo con la CPC, sino con presión sobre el sistema político, especialmente sobre aquellos sectores que suelen golpear la puerta de los trabajadores en vísperas electorales, para lograr una reforma integral al modelo de relaciones laborales.
Esa reforma que en su día —1989— la Concertación prometía en su primer programa de Gobierno a los trabajadores chilenos: “Proponemos introducir cambios profundos en la institucionalidad laboral, de modo que ésta cautele los derechos fundamentales de los trabajadores”.
Nada de eso ocurrió, y paradójicamente, en los años que siguieron esa caricatura del diálogo social fue especialmente alimentada por sectores políticos de la Concertación más preocupado de su particular visión de la estabilidad política —la pusilánime democracia de los acuerdos—, que en establecer nuevas y justas reglas para la relación entre trabajadores y empresarios.
La cruda realidad es otra: no ha habido experiencia de genuino diálogo social desde el retorno de la democracia. Y ello por una razón muy simple, los trabajadores no tienen en Chile ningún poder. Y sin poder, no hay equilibrio, y sin equilibrio, no existe negociación.
Son cosas tan simples de entender.
Nada nuevo bajo el sol, entonces. Nuevamente, como en los últimos veinte años, no llueve café nos diría Juan Luis Guerra.
Vuelven a llover migajas.

Por la razón o la fuerza

Tarde o temprano: tutela antes del contrato de trabajo

Establece el derecho a tutela judicial de la persona afectada por actos de discriminación o vulneración de su intimidad o privacidad en un proceso previo a la contratación laboral:

Ver Boletin: 8199-13

"Su Excelencia: el no empleador" El Mostrador 13.02.2012

Dicen que ni se arrugó. El ministro Chadwick aconsejó a los trabajadores de Bahía Coique hacer la denuncia a la Inspección del Trabajo, ante el hecho de que la empresa en que prestaban servicios no respetaba los más básicos de los derechos fijados en la legislación laboral, como por ejemplo no tener con contrato a sus trabajadores o pagarles menos del mínimo.
Y dio por cerrado el asunto —y sin
sonrojarse nuevamente—. El detallito es que uno de sus dueños es Piñera.
¿Es Piñera el responsable legal de que los trabajadores de Bahía Coique no se les respeten los derechos laborales mínimos establecidos por la ley?
En ningún caso. Su Excelencia no es legalmente hablando el empleador. Y entonces ¿cierra eso el problema —como se apuró en hacerlo Chadwick— en el que parecía ser un argumento legalmente
abrumador?
En absoluto. Y es que a nadie medianamente informado se le pasa por la cabeza que este sea un problema simplemente legal acerca de a quién debe multarse por parte de la Inspección del Trabajo.
En rigor, queda pendiente lo más importante: el problema político de que el Presidente de la Republica sea dueño en parte de una empresa que no respeta en los mínimos los derechos laborales de sus trabajadores; esto es, derechos de las más débiles de la sociedad -en este caso
mucamas y cocineros—.
Creo que se llama responsabilidad política en los países donde eso existe.
En efecto, la falta de respeto de los derechos más básicos de los trabajadores no es, cuando se trata del Presidente de la Republica, un problema puramente legal. Es esencialmente de ética
pública: el estándar de la autoridad política en esta materia debe acercase al ideal. No solo deben cumplir con las leyes —cosa que la empresa de Piñera no hacía—, sino que deben llevarse a efecto las mejores prácticas posibles.
¿O es que el sencillo hecho de que Piñera sea el dueño —y no el administrador— de sus empresas lo hace irresponsable de los actos ilegales que se comentan dentro de las mismas desde el punto de vista político? ¿Y si Piñera hubiera sido propietario de la Minera San José no podríamos haber dicho nada porque era dueño, pero no administrador?
Simplemente absurdo. Alguna vez F. J. Errázuriz arguyó algo parecido cuando se le hacía ver las prácticas laborales de sus empresas.
Lamentablemente, para Piñera ser Presidente supone deberes adicionales: él y quienes administran sus empresas debe generar las mejores prácticas en cualquier ámbito de la vida social, como en este caso, el manejo de las relaciones laborales de las empresas de que es dueño.
Ni hablar de la coherencia política mínima que exige tener el cargo de Presidente. Piñera, días antes de este escándalo, decía con ese entusiasmo de feria de emprendedores que lo caracteriza que “vamos a defender los legítimos derechos de nuestros consumidores y de nuestros trabajadores, con toda la fuerza del mundo”, y agregaba, con el tono de quien viene saliendo de una misa, que “la economía social de mercado que estamos construyendo sólo tiene sentido si junto a la iniciativa empresarial, el emprendimiento, la innovación, la inversión se respetan en forma sagrada los derechos de nuestros consumidores y nuestros trabajadores, porque para nosotros esos derechos son sagrados”.
Si le creemos a Piñera y estos derechos son en su idea del mundo sagrados ¿nos debería bastar la explicación de que es dueño, pero no administrador para eximir su responsabilidad política en el
caso?
De hecho, como podrá el Estado seguir exigiendo al resto de los empleadores la responsabilidad mínima en materia laboral —los derechos sagrados de Piñera— si las empresas en que participa el
Presidente no lo hacen.
En fin, como ya es marca registrada de este gobierno, contradicción, liviandad y palabras vacías.
En todo caso, este episodio deja una constatación algo triste: los derechos de los trabajadores en Chile son prácticamente irrelevantes, y su abierta infracción —como lo hacía la sociedad de Piñera en Coique— no genera responsabilidad política alguna para nadie.
En fin, visto lo visto, no escucharemos ni una disculpa ni un lamento sincero. Ni del Presidente —el dueño— ni del Ministro de turno, ni menos de la titular de Trabajo —¿alguien ha visto a Matthei?—.
Lo único que escucharemos serán excusas formales de abogado en apuros: Su Excelencia no es el empleador.

Puertas adentro- El Mostrador- 29.12.2011

Un avance, no cabe duda. Que la respuesta a la desatinada medida de un club privado de exigir –sin ser siquiera su empleador- a las trabajadoras de casa particular de vestir “como tales”, esto es, como nanas, haya sido un enérgico rechazo social –incluyendo la tradicional indignación del Matthei-, es un paso adelante en la larga y tediosa tarea de terminar con la sociedad excluyente como la que, con perfección, hemos construido en tantos años.
Pero no nos engañemos. Y aunque alguna vez expresamos nuestra molestia por esto de los uniformes –“las nanas de Zapallar”- no es éste, ni con mucho, el principal problema de la discriminación de ese colectivo de trabajadoras.
En rigor, es el más vistoso pero no el más grosero.
Estas trabajadoras –un colectivo de débiles entre los débiles- plantean a la sociedad chilena un desafío de estimable intensidad.

Un desafío de inclusión social brutal y que se puede plantear en términos de pregunta: ¿cómo puede una persona ser ciudadano en el sentido más pleno de la palabra –de un ser libre y autónomo-, si la necesidad le ha impuesto la dura carga de vivir prácticamente toda su vida para servir a otro?
Me refiero, obviamente, a las trabajadoras puertas adentro. De esas que viven donde trabajan. Trabajadoras que desprovistas de la posibilidad de hacer su propia vida, deben vivir en los pequeños espacios que deja la vida de otros – en la orilla de la vida de sus patrones-. En esa vida residual, sin privacidad y sin espacios de auténtica libertad para hacer las pequeñas cosas de la vida –cosas como celebrar en el momento que quieran, como tener sexo cuando lo estimen o simplemente protestar tocando las cacerolas-, deben intentar construir algo parecido a un proyecto que para el resto de nosotros es la base de nuestra dignidad.
No se puede prohibir por ley, por cierto. Pero una sociedad decente debería preguntarse cómo hacer para garantizar que ninguno de sus miembros deba renunciar a su propia vida para poder sobrevivir.
Algo que suena, a todo esto, como una dramática paradoja: mujeres que para vivir deben renunciar a tener una vida.
La respuesta no es muy difícil de concebir y ya la conocen otras sociedades más respetuosas de sus miembros como es garantizar un mínimo social de vida decente. Eso que se llama derechos sociales.
En efecto, no hay que ser adivino para saber que si Chile garantizara educación de calidad para todos, salud gratuita, y derechos laborales efectivos, el número de trabajadoras de casa particular que debería renunciar a vivir en condiciones de autonomía y plenitud, “aceptando” vivir “puertas adentro” se reduciría dramáticamente. Con algo de suerte, el trabajo puertas adentro por necesidad se extinguiría.
Y de paso, seriamos una sociedad mucho mejor y más decente.
Lo curioso –y dramático al mismo tiempo- es que el propio legislador se ha hecho eco de esta idea de trabajadores sin vida y en una legislación que parece sacada de la pluma de un gerente de las Brisas de Chicureo, declara que las trabajadoras “cuando vivan en la casa del empleador no estarán sujetos a horario” el que quedará determinado “por la naturaleza de su labor” y que, en un dejo de humanidad que hasta el explotador que redactó estas normas tuvo que reconocer, “normalmente” tendrán un descanso de 12 horas diarias.
Dicho en palabras sencillas: trabajadores que la ley permite trabajen como jornada normal 72 horas a la semana, cuando el límite para el resto es de 45. Un récord mundial, por fin, para Chile.
Ni hablar de los múltiples casos en que el empleador –comúnmente la mujer de la casa- considerará que se está ante un caso de “anormalidad”–cumpleaños de los niños, fiestas varias, compra de un chalet en las brisas, etc.- y que, por tanto, ni siquiera deberá respetarse ese descanso.
En fin, una joya de nuestra legislación laboral actual, que quizás en cien años más, se presente como hoy recordamos las leyes de la esclavitud.
Mientras tanto, miles de mujeres deben aprender a no tener vida para tener derecho a una.