La democracia supone algo más que votar. Como se ha dicho ella no es sólo un modo de “contar cabezas”, sino la posibilidad de que todos podamos en algún sentido participar de las decisiones que nos afectan.
La posibilidad de que todos potencialmente podamos participar inclusivamente de los debates de lo público y hacer que nuestra voz sea escuchada no sólo es un problema del sistema político, sino también del derecho.
En efecto, el derecho hace promesas muy valiosas para la democracia, como es la libertad y igualdad para todos, con especial consideración para los débiles. Basta leer los primeros artículos de nuestra propia Constitución.
Pero a pesar de tan notable promesa, el derecho suele, al momento de hacerlas efectivas, olvidarlas. En sociedades como las chilenas, altamente desiguales política y económicamente, el derecho suele quedar capturado por las elites y pequeños grupos de poder que lo alejan de intentar cumplir su promesa de igualdad y libertad para todos.
Recursos de protección, acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, acciones de nulidad pública, son al final del día mecanismos que quedan al servicio preferente –sino casi exclusivamente- de los intereses de esas elites.
No hay espacio ahí –seamos sinceros- para el ciudadano de calle. Para él el derecho es un entramado institucional que no entiende y que alejado de las personas mas débiles de la sociedad, corresponde a un escenario donde lleva las de perder.
Pero además, la posibilidad de que ese ciudadano sea escuchado por en el debate democrático fuera del derecho es mínima. Las democracias representativas, salvo al momento de votar -y si es qué-, no escuchan directamente al ciudadano. Sólo se escucha significativamente algunas voces, las más potentes y articuladas, que tienen acceso preferente a los medios de comunicación social y que suelen ser, como es obvio, las de las mismas elites y grupos minoritarios ya señalados.
Queda así construido un difícil cuadro para la democracia: ¿como escuchar en ese dialogo público igualitario en que ella consiste a aquellos que no tienen acceso relevante al derecho y sus complejos mecanismos, y que cuya voz para más remate tampoco es audible para los medios de comunicación social?
En otras palabras: como lo hace el ciudadano de calle –ese que sube y baja del transantiago todos los días, que tiene largas jornadas de trabajo y que conforma esa inmensa mayoría de los chilenos- para hacer oír su voz en medio del bullicioso registro de poquísimas voces que todo lo dicen, que todo lo saben y que nada están dispuestos a ceder.
Difícil, por no imposible. A veces, el derecho se acuerda de su promesa original y decide, precisamente, por la situación exclusión en la que se encuentran abrir los caminos para que se hagan escuchar aquellos que la tan tienen difícil.
Y ahí surge un pregunta central: ¿que rol deben jugar los jueces para potenciar eso que se llama el “ideal deliberativo” de la democracia, esto es, para ampliar la voz de aquellos que el sistema jurídico y político suele no estar preparado para escuchar?
Uno de los mecanismos para lograr ese ideal deliberativo es la huelga. Se trata de un derecho de conflicto que, como dirá Arendt, sirva para conseguir otros derechos.
Y los jueces chilenos deberían ser especialmente sensibles con la huelga y darle el trato de un derecho fundamental que se merece. Lo digo, porque si hay un colectivo que no tiene voz – a pesar del poder que institucionalmente tienen reservado- son los jueces. Y nadie mejor que los jueces en Chile para comprobar como necesitan los “sin voz” al derecho de huelga –aunque su nombre sea, si mal no lo recuerdo, el algunos casos el de jornada de reflexión-.
Si la legislación que lo regula – el plan laboral de fines de los setenta- lo hace impracticable, y lo convierte en un verdadero lujo asiático reservado para poquísimos trabajares, excluyendo a los trabajadores públicos, y a todos aquellos que no estén dentro de la negociación colectiva reglada por el Código del Trabajo, entonces los jueces deberían hacer todo lo posible para que su aplicación dañe lo menos posible la voz de los mas débiles.
Se trata del régimen legal más restrictivo del mundo de un derecho fundamental, que en palabras de los tratados internacionales, es esencial para escuchar a los que no pueden hablar, como los millones de trabajadores asalariados en Chile que dependen de su trabajo para vivir.
Por eso, es especialmente difícil entender algunos fallos que lejos de maximizar la protección a la huelga, como lo exige el derecho internacional, hacen todo lo contrario: lo estrangulan. Preguntada como se debe entender el reemplazo legal de trabajadores en la huelga, los últimos fallos de la cuarta sala de la Corte Suprema han dicho que se debe entender en sentido amplio (contratación de personal externo y sustitución interna), olvidándose de que se trata de una institución que lesiona gravemente la libertad sindical.
Pero no todo es gris. Junto con fallos como estos, el derecho chileno, de vez en cuando, da luces de hacia donde deberían ir las cosas. Al lado de la huelga, como contrapartida esencial se encuentra la libertad de expresión. Y ahí todos los jueces, pero especialmente los laborales, tienen mucho que decir.
¿Que tiene que ver la libertad de expresión con los jueces del trabajo?
El ya famoso juicio de tutela laboral tiene la respuesta. Les encarga a los jueces del trabajo el cuidado de tan preciado bien para los trabajadores.
Y así en un notable fallo, pendiente de nulidad, el Juzgado del Trabajo de Valparaíso hace una declaración que nos llena de esperanza: filmar y registrara a los trabajadores por parte del empleador –el diario más antiguo de Chile- que han decidido participar de una marcha política violenta la libertad de expresión y la democracia.
Para no ahondar más en palabras: se trata del fallo más potente dictado en Chile en materia de libertad de expresión y no sólo en lo que se refiere a los trabajadores.
Y en buena hora que sea en la justicia laboral porque si hay un lugar donde se necesita que el derecho cumpla su promesa democrática – de libertad e igualdad para todos- es en el trabajo.
Y lo repito: nadie mejor en Chile que los jueces para saberlo.
